Hoy da inicio la etapa de evaluación de pruebas en proceso a Martinelli por escuchas

EFE |  La audiencia intermedia en la causa de las escuchas ilegales contra el expresidente Ricardo Martinelli, por la que se enfrenta a una pena de hasta 21 años de prisión, entrará hoy, 2 de agosto de 2018,  en la etapa de evaluación de las pruebas, superado ya la fase de los escritos de acusación. Se espera que la audiencia se reinicie este jueves a las 15:00 hora local (20:00 GMT), según convocó el magistrado juez de Garantías, Jerónimo Mejía, el miércoles, al término de una sesión en la que cuatro de los seis querellantes presentaron "acciones resarcitorias" que suman casi 56 millones de dólares.

El escrito de acusación presentado por el magistrado fiscal, Harry Díaz, en octubre de 2015, fue ampliado de 30 a 48 páginas durante su sustentación en esta fase intermedia, en atención a una serie de "correcciones" solicitadas por la defensa del expresidente.

Tras haberse practicado correctivos de forma, el magistrado juez de Garantías indicó que "en términos generales el escrito (del fiscal) cumple con los parámetros establecidos" en la ley panameña.

Sobre el tema de las indemnizaciones, el magistrado juez de Garantías aclaró que el demandado en este caso es el expresidente panameño, por lo que es él quien deberá pagar de haber un fallo condenatorio en un juicio oral, al que debe llamarse al término de esta fase intermedia.

Esa aclaración fue dada por Mejía, según informó la prensa local este jueves, después de que Martinelli dijera el miércoles que si lo "condenan políticamente es el Estado panameño el que tiene que pagar, porque yo era presidente", una hipótesis que sustentó también uno de sus abogados, Sidney Sittón, añadiendo que el asunto de las indemnizaciones corresponde a la un tribunal civil.

Mejía sin embargo dijo, de acuerdo con medios locales, que el tema de los resarcimientos lo puede debatir el pleno de la Corte Suprema de Justicia en caso de que Martinelli resulte condenado, una versión que ya había adelantado a Acan-Efe uno de los querellantes, Mitchell Doens.

Doens explicó el miércoles a Acan-Efe que la legislación panameña permite en esta etapa penal a los querellantes "pedir una indemnización", que en su caso son "20 millones de dólares", ante las consecuencias de las "acciones delictivas cometidas por Ricardo Martinelli", en referencia a la supuesta interceptación ilegal de las comunicaciones a más de un centenar de personas durante su administración.

El exgobernante, que se dice inocente y víctima de una persecución política, "tiene que responder a este requerimiento, si no esta" etapa penal, en la esfera civil una vez sea condenado, sostuvo Doens, un ex ministro panameño del Trabajo de 71 años y férreo opositor a Martinelli.

En la etapa de juicio, "el jurado, en este caso el pleno de magistrados del Supremo, podrían decidir" sobre las indemnizaciones, y si no lo hace, "una vez el señor Martinelli sea condenado, como esperamos, comienza a hacerse efectiva la demanda (de indemnización) por la vía civil para que esto (el resarcimiento pedido este miércoles) sea contemplado", explicó Doens, quien se representa así mismo en esta causa.

La política Balbina Herrera, que pide 30 millones de dólares como indemnización, destacó por su parte a Acan-Efe que la misma se le ha pedido a Martinelli, no al Estado panameño, porque "es hora de que los funcionarios (públicos) tengan que pagar de sus propios recursos" los delitos que comentan.

Martinelli está detenido en una cárcel de mínima seguridad ubicada en las afueras de la capital panameña desde el pasado 11 de junio, cuando fue entregado por las autoridades de Estados Unidos, donde estuvo preso un año en razón del pedido de extradición por la causa de las escuchas.

El expresidente se fue de Panamá el 28 de enero de 2015, el mismo día que le fue abierta la primera de cerca de 10 causas penales por el Supremo del país, aunque su defensa asegura que solo podrá ser procesado por las interceptaciones ilegales como estableció la extradición, aprobada con base en el principio de especialidad previsto en un tratado bilateral.