EDITORIAL : Sentido común

En una democracia, las diferencias son parte de la vida diaria. Eso incluye las protestas. Sin embargo, el país ha estado reclamando desde hace mucho tiempo que sean pacíficas y no afecten a quienes no las respaldan.

En los momentos actuales, la paralización de las actividades productivas tiene un impacto de hasta $90 millones al día.

Si gremios específicos del sector público de la educación y del sindicato de la construcción se suman a la paralización, impiden que el resto de los ciudadanos se movilicen, cerrando calles o cortando rutas, se violarán los derechos de terceros e inclusive la ley.

Se necesita sentido común en un momento donde los esfuerzos nacionales deben estar dirigidos a recuperar la economía, atraer inversión y crear empleos. Ningún razonamiento político o ideológico es excusa para paralizarlo todo.