El plan británico de expulsar inmigrantes a Ruanda, cuestionado por una comisión parlamentaria

El proyecto de ley del gobierno conservador británico de deportar inmigrantes irregulares a Ruanda es "incompatible" con las obligaciones del Reino Unido en materia de derechos humanos, advirtió el lunes una comisión parlamentaria.

La Cámara de los Comunes aprobó el pasado 17 de enero este nuevo proyecto de ley, redactado por el gobierno en respuesta a las preocupaciones expuestas por el Tribunal Supremo británico, que lo había declarado ilegal en su versión anterior.

El Tribunal Supremo había expresado sus temores a que los solicitantes de asilo fueran trasladados desde Ruanda a sus países de origen, donde estarían en peligro.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, espera poner en marcha este plan, una de sus bazas electorales, antes de las legislativas previstas para el segundo semestre de 2024.

La comisión parlamentaria, compuesta por diputados conservadores y laboristas, encargada de analizar los temas referentes a derechos humanos, pone en duda la viabilidad del proyecto de ley.

"Si el Reino Unido adopta una legislación que no respeta sus propios compromisos internacionales en materia de derechos humanos, dañará gravemente su capacidad de influir en otros países para que respeten el derecho internacional", escribe la comisión, en un informe de 52 páginas.

La comisión muestra su preocupación por el texto del proyecto de ley en puntos como "la obligación para los tribunales de considerar a Ruanda como un país seguro".

"Al negar el acceso a un tribunal para cuestionar la seguridad de Ruanda, el proyecto de ley es incompatible con las obligaciones internacionales del Reino Unido", señala el informe.

El proyecto de ley debe ahora ser aprobado por los miembros de la Cámara de los Lores, que no son cargos electos, donde el gobierno no dispone de mayoría.

Una vez superadas eventuales modificaciones introducidas por la Cámara de los Lores, el proyecto deberá hacer frente posiblemente a nuevos recursos judiciales de organismos contrarios al proyecto de ley.

Una mayoría de representantes de la Cámara de los Lores votó el 22 de enero a favor de retrasar la ratificación del tratado hasta que el gobierno británico demuestre que Ruanda es un país seguro para los inmigrantes deportados allí.

El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, líder espiritual de la Iglesia anglicana, criticó igualmente este proyecto en la Cámara de los Lores el 29 de enero.