Defensa de Meneses reacciona tras denuncia de la CCIAP a los auxilios

Ángel Álvarez, abogado defensor del exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humano (IFARHU), Bernardo Meneses, explicó que la denuncia interpuesta por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) podría retrasar los avances de las investigaciones sobre el tema de auxilios económicos que se adelantan desde el año 2023.

“Da la impresión, con el comunicado de la Cámara de Comercio, que hasta hoy no se ha investigando y eso no es cierto. Hay más de tres procesos que datan del año 2023, sobre el caso de los auxilios económicos; y una cuarta denuncia que interpuso el señor Meneses. Esta sería quinta, y si el IFARHU presenta otra, sería la sexta denuncia sin ninguna utilidad, o algún efecto real más allá de lo mediático, aparte de tardías, lo que pudiese generar en un doble juzgamiento y la duplicidad de esfuerzos y tiempo de investigación, que debería ocuparse en otros temas de interés en el país. No digo que este no es importante, pero volver a impulsar una causa que ya existe es absurdo”, pronunció el jurista.

Álvarez detalla que las denuncias corresponden a informes noticiosos y denuncias presentadas por abogados como Ernesto Cedeño y Gonzalo Moncada, entre otros.

“En marzo de 2024, la Fiscalía solicitó el levantamiento del fuero, y públicamente Bernardo compareció al Tribunal Electoral y renunció al fuero. Además se ha mantenido a disposición del Ministerio Público, colaborando con la unidad de investigación. Ya han habido audiencias de control, de legalidad, de autorización y se han dado diversas inspecciones en el IFARHU, incluso se han hecho peticiones a la Caja de Ahorro para el esclarecimiento de la verdad. Estamos hablando de miles de becas y auxilios económicos cuya revisión implica tiempo y esfuerzos”, precisó el abogado.

Agregó, “lo que digo es que la tardía denuncia que pretende hacer el IFARHU impulsada por la Cámara de Comercio son inoportunas y lo que puede es duplicar esfuerzos. Estoy casi seguro de que ya el Ministerio Público emprendió la labor de auditoría a través de la Contraloría, pues hay que entender que una auditoría interna del IFARHU posiblemente no incluya las formas que se requieren para una causa penal. No necesariamente va a revelar hallazgos relacionados a un delito, pudiera revelar fallas en el sistema, dificultades en la estructura, aspectos de índole administrativo, político o estratégicos y no de índole penal”.

El jurista finalmente espera que se cumpla con los procesos y la ley para esclarecer los hechos ya que considera que se requiere acreditar lo más pronto posible si se dio o no un delito o si el problema está en la estructura del programa.