Licencias de cannabis medicinal: una solución que el gobierno actual puede implementar

La promulgación de la Ley 242 en 2021, que regula el uso del cannabis medicinal en Panamá, ha generado grandes expectativas entre miles de pacientes con enfermedades crónicas que esperan su implementación efectiva.

Esta ley asegura el derecho de los pacientes a acceder a tratamientos seguros y regulados. Sin embargo, los retrasos ocasionados por la administración anterior han dejado a estos pacientes en una situación de vulnerabilidad, obligándolos a buscar alternativas en mercados no regulados, lo que representa un riesgo significativo para su salud.

Este escenario no es irreversible. El gobierno actual, encabezado por el Presidente y el Ministro de Salud, tiene la oportunidad de corregir los errores del pasado y ofrecer una solución definitiva.

La emisión de licencias para empresas que han invertido en infraestructura y capacitación garantizaría tratamientos seguros para los pacientes, tal como lo establece la ley.

En su reciente discurso ante las Naciones Unidas, el Presidente reafirmó su compromiso con atraer inversión extranjera y garantizar la seguridad jurídica del país.

Este mensaje debe ir de la mano con la implementación de políticas que beneficien a los ciudadanos, como la emisión de licencias para cannabis medicinal, lo que no solo fortalecería el sector salud, sino también el marco jurídico prometido.

Los pacientes han soportado las consecuencias de la inacción durante demasiado tiempo, luchando diariamente contra el dolor y la incertidumbre. Ahora confían en que el gobierno actual actúe de manera decisiva para brindarles una solución.

La Ley 242 no solo regula la producción y distribución del cannabis medicinal, sino que también establece el derecho de los pacientes a estos tratamientos. Sin embargo, los retrasos en su implementación han generado una brecha entre la ley y la realidad que viven los pacientes.

Las empresas han cumplido con las normativas, pero la falta de acción mantiene a los pacientes buscando productos en mercados no regulados, lo que es peligroso e innecesario.

Expertos en salud destacan la urgencia de implementar un sistema regulado que ofrezca tratamientos seguros para los pacientes que lo necesitan.

Las empresas que están listas para operar bajo los estándares de calidad internacional esperan solo la emisión de las licencias para comenzar a producir localmente, pero la falta de acción mantiene a los pacientes buscando productos en mercados no regulados, lo que es peligroso e innecesario.

El gobierno tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con los más vulnerables. Los recursos, las leyes y la infraestructura ya están listos; solo falta la voluntad política. Actuar ahora fortalecería tanto el acceso a tratamientos como la confianza en las instituciones.

Es esencial que las promesas de proteger a los más vulnerables se traduzcan en acciones concretas. Los pacientes crónicos que dependen del cannabis medicinal merecen ver sus derechos hechos realidad.

Como dijo el Presidente en su discurso en Harvard, “Panamá avanza hacia un futuro donde la inversión y los derechos de los ciudadanos están protegidos por un marco jurídico sólido y transparente”. Este es el momento de convertir esa visión en realidad.

Los pacientes de Panamá merecen una solución, y el gobierno tiene la capacidad de dársela.