Colegio de Contadores señala inconsistencias en el nuevo Decreto que reforma esta profesión

El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá (CCPA) ha expresado su desacuerdo con el Decreto Ejecutivo N.º 176, emitido el 30 de diciembre de 2024, por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual modifica aspectos clave de la Ley 280 que regula la profesión de los Contadores Públicos Autorizados (CPA) en Panamá.

Firmado por el presidente José Raúl Mulino y el ministro Felipe Chapman, el Decreto ha sido criticado por el CCPA, que sostiene que las modificaciones debilitan los principios esenciales de la Ley 280 y ponen en peligro tanto la transparencia como el control financiero del país.

El cambio más controversial se refiere a la eliminación de la obligatoriedad de contar con un CPA para realizar ciertos actos profesionales, como auditorías, manejo contable y peritajes. Según el CCPA, esta modificación socava la esencia de la Ley 280, que exige que tales actos sean llevados a cabo únicamente por profesionales calificados, lo que es esencial para proteger la economía nacional.

El Decreto también introduce excepciones que, según el CCPA, podrían afectar la calidad de los servicios contables y comprometer la confianza tanto del sector público como privado. Además, se critica la delegación de la regulación a otras entidades, como la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia de Seguros, lo cual podría generar un vacío legal y permitir que personas no idóneas sean designadas en cargos clave que deberían ser ocupados por CPAs.

Otro aspecto preocupante para el CCPA es que el Decreto podría generar inconsistencias en la regulación financiera y afectar la formación continua de los contadores. Estas alteraciones afectarían la calidad de los informes financieros y la capacitación profesional de los CPAs, además de generar inseguridad jurídica al presentar requisitos contradictorios o desactualizados para los profesionales.

Actualmente, la Junta Directiva del CCPA está colaborando con otras asociaciones y su comité legal para analizar las implicaciones legales del Decreto y determinar los pasos a seguir en defensa de la profesión.