Presentan anteproyecto de ley para establecer penas de cárcel por contrabando de alimentos

Reconocer el contrabando de alimentos como delito y su sanción con penas de 4 a 8 años de prisión fue la iniciativa presentada por el diputado Carlos “Carlitin” Saldaña, del circuito 4-1.

Explicó que este anteproyecto de Ley establecería controles para garantizar la protección de la seguridad y soberanía alimentaria y adiciona disposiciones al Código Penal de la República de Panamá, adoptado mediante la Ley 14 de 26 de abril de 2007.

Tal medida sería aplicada a todo aquel que se dedique a la actividad en todos sus aspectos: introducción, comercialización, transporte, almacenamiento, reetiquetado, cambio y hasta mezcla de productos de dudosa procedencia con otros que sí cumplen con las aprobaciones sanitarias para que sean consumidos.

Durante su intervención en el hemiciclo, Saldaña dijo que: “Como amigo de los productores, puedo asegurar que en nuestras fronteras tenemos personas que ingresan productos sin licencias sanitarias, alimentos sin registros, sin controles, sin etiquetas, sin verificación de nuestras autoridades competentes; son precisamente estos alimentos los que terminamos consumiendo, generándonos problemas de salud y abriendo la puerta a una desventaja comercial para nuestros productores, al tener que competir por la venta de alimentos con precios mucho más bajos sin ningún tipo de cuidado”.

La iniciativa también propone castigar a funcionarios públicos que tengan un grado de responsabilidad o complicidad en la constitución de los hechos delictivos.

De igual forma, agregó Saldaña, se busca establecer personal idóneo en zonas fronterizas o puntos de control aduanero para monitoreo e identificación del contrabando.

Las penas serían distribuidas de la siguiente manera:

-Introducción: De 4 a 6 años de cárcel

-Distribución y comercialización: 5 a 8 años de cárcel

-Transporte, almacenamiento, reetiquetado, cambio y mezcla: 5 a 8 años de cárcel

-Complicidad de funcionarios públicos: 6 a 8 años de cárcel

“Sin lugar a duda, este es un problema de salud pública muy serio, pues toda la población panameña está expuesta a consumir productos de origen animal o vegetal, sin que hayan cumplido con los controles necesarios para la importación de alimentos a la República de Panamá”, afirmó.

Sostuvo que el Código Penal cuenta con penas de contrabando de mercancía con fines tributarios, pero no desde la perspectiva de salud pública y desarrollo social.