Impugnaciones y nulidad contra 23 candidatos proclamados se han recibido en los Juzgados Administrativos Electorales

En los Juzgados Administrativos Electorales han ingresado 23 demandas de impugnación y nulidad tras la elección general del 5 de mayo, informó este miércoles el Tribunal Electoral (TE).

De las demandas presentadas, el TE detalló que 14 han sido contra candidatos electos como representantes de corregimientos, ocho contra diputados y solo una a alcalde.

Entre los representantes electos impugnados están: Alaín Albenis Cedeño Navarro (ALIANZA y RM), Abner Joel Pineda Arena y Reynaldo Raúl Rodríguez Franco (PRD), Ángel Danilo Peralta Kojira (PRD), Carlos Morales Murgas (PRD y MOLIRENA), Benito Serrano y Abel Ruíz Camarena (PRD), Luis Gabriel Araúz Flores (PRD), Jesús Ernesto Hernández Saucedo y German Alonso Pérez (PRD).

También en la lista de jefes de juntas comunales están: Leopoldo Borbua Barco y José Luis Alonso Sánchez (PAN), Micsila María Rodríguez Manzane de Gonzalez (principal) (Libre Postulación), José Arturo Ostia (PAN Y CD), Diana Pájaro (principal) y Juan Seguro (suplente) (Libre Postulación), José Manuel González Aparicio (principal) y Sotero Antonio Pérez Pimentel (suplente) (PRD), Ramón Herrera y Eduardo Corpas, Juan Antonio Barsallo Bernal y Manuel de Jesús Gracia Jackson (PRD).

En tanto, respecto a los diputados impugnados están: Alaín Albenis Cedeño Herrera (RM), Benicio Enacio Robinson Grajales y Benisio Enisio Robinson González (PRD) y Nelson Jackson Palma (PRD Y MOLIRENA).

Además, en las elecciones del circuito 13-4 (Uninominal); circuito 8-6 y 8-4 se presentó nulidad de la elección y la proclamación. En el circuito 8-2, la impugnación es contra el tercer cociente y el residuo.

En cuanto al cargo de alcalde se detalla demanda de nulidad de elección en el distrito de Santiago, Veraguas.

Del Tribunal Electoral recordaron que les corresponde a los Juzgados Administrativos Electorales de primera instancia velar por el cumplimiento de los términos contenidos en el procedimiento, garantizando a las partes el debido proceso.