Iniciativa de Cedeño para impedir el secuestro de bienes a medios genera reacciones

El diputado independiente Ernesto Cedeño presentó un anteproyecto de ley que modifica el Código Judicial para que se impida el secuestro civil de bienes y activos de medios de comunicación y de personas que denuncian actos de corrupción.

Cedeño aseguró, en su cuenta de X, que: “Soy defensor de la libertad de prensa y expresión. Sí alguien no le gusta lo que ha expresado un medio, la acción de tutela podría proceder, para la rectificación de rigor”.

La iniciativa propone incluir un numeral en el artículo 531 del Código Judicial, que dicta las reglas para las medidas cautelares en casos especiales.

En el documento propuesto por Cedeño dice: “Está prohibido decretar el secuestro de bienes en los siguientes casos: A las personas que denuncian actos de corrupción, de arbitrariedades o de violación de leyes y a los activos y bienes de medios de comunicación social”.

Ante esto, el expresidente Ernesto Pérez Balladares aseguró: “El anteproyecto de ley del diputado Ernesto Cedeño es un absurdo. Le quitan al ofendido por mentiras de un comunicador o medio el derecho a su defensa y el castigo al mentiroso”.

El empresario y comunicador Juan Carlos Tapia también se pronunció. “Yo soy comunicador y estoy de acuerdo con lo que expresa el expresidente (Ernesto Pérez Balladares). Hay que ser responsable y aceptar tu castigo cuando, ofendes, injurias, insultas y calumnias”.

Por su parte, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Juan Carlos Araúz manifestó que ninguna ley que impida el acceso a la justicia, fortalece a la justicia. “Es decir, la forma en que la justicia funcione adecuadamente no es excluyendo quién pueda ser llevado a la justicia. La justicia debe tener sus métodos de evaluación del desempeño y evaluar su calidad. Por lo tanto, hoy día, cuando hay críticas, quejas o temores sobre los exceptos de la justicia en un individuo o en un sector, o grupo determinado, la reflexión debería ser cómo hago que la justicia sea mejor, sin excluir a nadie. Es decir, eliminando privilegios, inmunidades o creando fueros o impedimentos para que alguien sea demandado. El ser demandado y llevado a la justicia no debería ser en sí el problema. El problema en los últimos años en nuestro país es que la justicia no ha funcionado de manera correcta”, explicó Araúz.

Agregó que cuando se crean leyes que impiden que alguien comparezca ante la justicia, de una forma directa, también se le está causando daño a la propia administración de justicia porque se le impide ejercer su labor.

En tanto, el abogado Rosendo Rivera considera que “limitar las posibilidades de exigir responsabilidades por informaciones falsas o malintencionadas supondría debilitar el tejido de confianza social y conceder un terreno fértil a la propagación de la desinformación”.

“La propuesta de despenalización plantea además la cuestión de la libertad de expresión y el derecho a la información veraz. Si bien es cierto que la legislación debe velar por garantizar un equilibrio entre la protección de la reputación individual y la libertad de expresión, eliminar por completo la posibilidad de sancionar los ataques al honor podría desembocar en un escenario de anarquía y vulneración de derechos fundamentales”, añadió Rivera.