Ambientalistas fijan posición sobre el futuro de la mina de cobre en el país

”Abrir para cerrar no sería una alternativa legal”, consideró Joana Abrego del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

Para Abrego, “la afectación del ambiente y los riesgos a las comunidades irían en aumento. Después de las manifestaciones del año pasado, es evidente que Panamá no está dispuesta a seguir imponiendo este sacrificio a las comunidades aledañas y la naturaleza de los distritos de Donoso y Omar Torrijos”.

Por su parte, Raisa Banfield, ambientalista y miembro de Panamá Vale más Sin Minería, manifestó que “se hace necesario sacar el material (almacenado en la mina) y recibir un pago por ello. Lo importante es que la plata recaudada por ese material sea para iniciar el proceso de cierre para pagar las medidas de mitigación, reducción de riesgo, estabilización de las aguas. De modo que lo extraído sirva para pagar el cierre de la mina”.

La ingeniera ambiental, Denisse Morales De León, remarcó “la apertura y cierre de una mina pueden tener consecuencias significativas en las comunidades locales y a nivel nacional. Hay que evaluar si esta decisión forma parte de una estrategia más amplia, y poder cerrar la mina con todos los desafíos que exige el cierre de una obra. Contemplando los aspectos ambientales que exige el cierre de la misma”.