Un juez dictamina contra la expulsión de inmigrantes a Ruanda desde Irlanda del Norte

El Tribunal Superior de Belfast dictaminó el lunes que una ley del Reino Unido que permite deportar a solicitantes de asilo a Ruanda no debería aplicarse en Irlanda del Norte por motivos de derechos humanos.

El juez Michael Humphreys falló a favor de impugnaciones contra la legislación que permite detener a solicitantes de asilo y expulsarlos del Reino Unido a Ruanda.

Las impugnaciones fueron planteadas por la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte (NIHRC) y un joven iraní de 16 años que llegó al Reino Unido con la intención de pedir asilo.

Los abogados del NIHRC argumentaron que la Ley de Migración Ilegal, aprobada por el gobierno conservador británico de Rishi Sunak, viola las obligaciones del Reino Unido en virtud de un tratado firmado por Londres y la Unión Europea que rige los acuerdos posteriores al Brexit en Irlanda del Norte.

Ese tratado, llamado Marco de Windsor, garantizaba que no habría reducción de los derechos aprobados por el Acuerdo del Viernes Santo de Irlanda del Norte de 1998 que puso fin a décadas de conflicto sectario, incluso si eso significaba que las leyes de la provincia británica diferían de las del resto del Reino Unido.

El juez concluyó que varias partes de la Ley de Migración Ilegal reducían los derechos de los solicitantes de asilo en Irlanda del Norte según los términos del acuerdo de paz.

El caso interpuesto contra el Reino Unido también alegaba violaciones de una serie de derechos protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), del que Londres sigue siendo signatario.

Humphreys dictaminó que las secciones de la ley que estaban sujetas a impugnaciones legales deberían "no aplicarse" en la provincia.

"Esta sentencia envía un mensaje claro al gobierno", dijo en un comunicado la abogada de derechos humanos Sinead Marmion, que representó al adolescente.

Según ella, esta decisión constituye un "enorme obstáculo" para la aplicación de las leyes británicas antiinmigración en Irlanda del Norte.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, afirmó, sin embargo, que esta sentencia "no cambia nada" en la legalidad del texto ni en el calendario de su aplicación en Reino Unido, donde los primeros solicitantes de asilo serán deportados en julio.

Sunak aseguró que su gobierno "tomará todas las medidas necesarias para defender" su posición, inclusive "apelando" la decisión.