Recomiendan considerar reapertura de minería metálica

Un informe titulado “Repercusiones Socioeconómicas Del Cierre De Operaciones De Cobre Panamá” realizado por la Unidad de Análisis Económicos del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) concluye que “el país merece contar con la oportunidad de considerar la reapertura del sector de minería metálica por los aportes que la misma podría generar”.

El documento indica que “el cese repentino de la actividad de minería metálica en el país ha contribuido a la marcada desaceleración de la economía, ocasionando un crecimiento tímido del 2.15%7 al primer semestre del 2024 en comparación al 9.03%7 del mismo periodo del año previo”. En el informe el gremio destaca que “debido al fallo de inconstitucionalidad promulgado por la Corte Suprema de Justicia1 de Panamá el 23 de noviembre de 2023 sobre el contrato de concesión minera entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá, S. A. y a la sanción por parte de la Asamblea Nacional de la Ley 406 del 3 de noviembre de 2023, la cual impone una moratoria indefinida a la minería metálica en Panamá, la economía panameña no pareciese desplegar el dinamismo que la caracterizaba”. En el estudio señalan que “la reapertura de la actividad permitiría el escalamiento de la cadena de proveedores locales a sobrepasar ventas anuales por encima de los USD 1,000 millones, inicialmente”. Además el desempleo a nivel nacional y provincial “podría disminuir”.

El gremio destaca que con el cierre de la mina ha habido “repercusiones” en la producción local, las exportaciones, en la cadena de valor y en las compras locales, en el empleo, las remuneraciones pagadas y en el consumo doméstico. Así como también en las finanzas públicas, la disponibilidad energética, ya que “el cese de operaciones de la mina Cobre Panamá inhabilita el 7.08% de la capacidad nacional de generación energética”.

ml | Ambientalistas rechazan la reapertura de la mina y aseguran que se debe respetar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la inconstitucionalidad del contrato minero.

El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) aseguró que “rechaza rotundamente la falacia que se puede abrir para cerrar”, ya que “no existe ninguna normativa, ni es viable financieramente”.

La ambientalista Raisa Banfield ha señalado que “Panamá no puede, ni tiene porqué permitirse que una empresa venga a chantajearnos y justificar tanta destrucción humana y ambiental, para mantener su negocio y que un gobierno lo valide so pretexto de tapar un déficit fiscal, que jamás tapará la minería”.