Pequeños negocios amenazados por el desorden migratorio y laboral en Panamá

EFE |  Abrir un restaurante en Panamá no sería una decisión que Sofía repetiría. Esta joven suramericana invirtió en el país atraída por su prosperidad, sin sospechar que un enredado marco laboral y migratorio pondría a su negocio al final de una voraz cadena alimenticia.

Los exóticos platillos de su familia han tenido éxito entre un público variado y las mesas llenas hablan bien de sus cuentas, pero lo cierto es que una visita de un funcionario público la pondría a un paso de la quiebra. De las cinco personas que emplea, cuatro son extranjeros sin permiso de trabajo, la única opción que le ha quedado ante la dificultad de encontrar personal local capacitado o extranjeros con documentos en regla, y que permanezcan en su cargo. Pero vive en zozobra, porque por cada uno de ellos tendría que pagar multas de hasta 500 dólares si toca la puerta Migración, el Ministerio de Trabajo o el de Salud, cifras que no tiene contempladas en su presupuesto.

"Conseguir personal en Panamá ha sido lo más complicado. Si hubiese sabido el problema en el que me metía, no escogía a este país", relata a Acan-Efe. La mayoría de los trabajadores panameños o extranjeros regularizados que ha contratado abandonan el puesto al poco tiempo, a pesar de que reciben el sueldo y los beneficios que indica la ley. Los empleados del sector saben que hay trabajo a la vuelta de la esquina porque el negocio de restaurantes se mantuvo en expansión hasta 2015, en compás con el motor regional en el que se convirtió la economía panameña.

El pequeño restaurante se ha mantenido gracias a la "solidaridad" de los inspectores, que a cambio de hacerse la vista gorda piden lo que haya en la caja menuda. Así, lo que Sofía se ahorra en impuestos y Seguro Social para sus empleados, termina en el bolsillo de un funcionario.

El panorama le luce peor por una iniciativa del Ministerio de Trabajo para aumentar las multas a los empresarios que reinciden en la contratación de extranjeros indocumentados, una medida a la que no se opone el sector empresarial, que sin embargo exige acciones paralelas para saciar la falta de mano de obra de algunos sectores.

El director de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (ARAP), Domingo De Obaldía, cree que la propuesta de las multas es "una forma de distracción", porque el Gobierno no está encargándose de su parte: deportar a quien esté ilegal y sincerar las normas migratorias para evitar que un turista permanezca en Panamá tanto tiempo como para tener que trabajar. "Si por ejemplo yo contrato a una persona porque no tengo nacionales, y me multan, pago el dinero, pero el Gobierno a esa persona la tiene que deportar y no lo hace. Entonces me quieren aplicar una regla para decir que están haciendo algo, pero están recaudando fondos sin resolver el problema", sostiene en declaraciones a Acan-Efe.

Además advierte que el sistema permite explotar al extranjero, que no recibe prestaciones y a veces paga al patrón el dinero equivalente a la sanción, para amarrar su puesto. El ministro panameño de Trabajo, Luis Ernesto Carles, descarta en declaraciones a Acan-Efe que el proyecto para el incremento de las multas vaya a encarecer los salarios de los empleados correctamente documentados, cada vez más demandados. Asegura que más bien busca darle seguridad al trabajador migrante y frenar la competencia desleal denunciada por hoteles y restaurantes que cumplen con la ley.

Para Sofía esa deslealtad es de alguna forma ficticia, porque el dinero se le va de la caja tal y como si pagara todas las prestaciones. Por eso, lo que más le gustaría es conseguir empleados legales bien capacitados y acabar con el terror de las inspecciones.

De Obaldía reconoce la falta de mano de obra capacitada para algunas industrias, como la de atención al público, y cree que una solución es permitir la regularización de personas para las vacantes difíciles de cubrir, pero sobre todo ofrecer entrenamiento al aproximado de 200.000 jóvenes desocupados de Panamá. En la misma dirección apunta el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Jorge García, quien considera que el meollo del problema es la educación, pero que hay que flexibilizar algunas normas en el marco de una sofisticación del sistema migratorio para atraer a quienes den mayor aporte a la economía.