La huelga contra la reforma de las pensiones en Francia pone a prueba a Macron

El presidente centrista Emmanuel Macron pone a prueba el jueves su impulso reformista en Francia, que se prepara para vivir una jornada de "infierno" con una importante huelga contra el retraso de la edad de jubilación a 64 años.

El gobierno quiere retrasarla de 62 a 64 años y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años para cobrar una pensión completa, dos medidas que cristalizan el rechazo de la opinión pública.

Más de seis de cada 10 personas se oponen, según un sondeo de OpinionWay publicado este martes. Un 61% de los encuestados considera "necesaria" una reforma, pero no esta, y un 58% apoya las protestas.

"El nivel de apoyo a la movilización es importante, por encima de la media (...) Todo dependerá de la dinámica del movimiento y la batalla que nos espera es incierta", dijo el vicepresidente de la empresa de sondeos, Bruno Jeanbart, al diario Les Échos.

Para el rotativo Le Monde, independientemente del éxito o fracaso de la protesta, "Macron necesitará apoyos potentes en las próximas semanas (...) en un momento en que está en juego su mandato".

El presidente de la segunda economía de la Unión Europea (UE) convirtió esta reforma en un eje clave de su segundo mandato, máxime cuando el covid-19 le obligó a aparcar un primer intento.

Los ocho principales sindicatos esperan "millones" de huelguistas y manifestantes. "Hace años que no vemos una semejante movilización", dijo a la radio RFI el secretario general de FO, Frédéric Souillot.

La última gran movilización sindical unitaria tuvo lugar en 2010 cuando el gobierno del conservador Nicolas Sarkozy propuso y aprobó retrasar la edad de jubilación de 60 años a 62 años.

El gobierno defiende que la reforma, presentada la semana pasada por la primera ministra Élisabeth Borne, es necesaria para equilibrar la caja de las pensiones, ante un déficit creciente en un contexto de mayor esperanza de vida.

- "Jueves de infierno" -

El primer intento de reforma de Macron, de 45 años, se saldó ya con protestas masivas y semanas de perturbaciones en el transporte público a finales de 2019 e inicios de 2020.

Aunque la pandemia también apagó la protesta social de los chalecos amarillos, que sacudió su primer mandato, la situación sigue inflamable tres años después, en un contexto de inflación (5,2% en 2022) por la guerra en Ucrania.

"Será un jueves de infierno (...), de fuertes perturbaciones en el transporte", advirtió este martes en la cadena France 2 el ministro del ramo, Clément Beaune, llamando a aquellos que puedan a trabajar desde casa.

Punta de lanza en 2019 y 2020, las protestas en el sector del transporte deberían ceder protagonismo al de la energía, con una "reducción de la producción de electricidad" e incluso paros en depósitos y refinerías de combustible.

El gobierno, que ya se vio obligado a intervenir en octubre ante una huelga en el sector petrolero que afectó a casi un tercio de gasolineras, reitera en los últimos días su llamado a "no bloquear el país".

- 26 de marzo, fecha límite -

La primera jornada de acción llega días antes de que el consejo de ministros apruebe la reforma. Los sindicatos tienen previsto convocar nuevos paros en paralelo al debate parlamentario a partir de finales de enero.

El presidente francés perdió su mayoría absoluta en junio y, para garantizarse su aprobación, su primera ministra multiplicó en las últimas semanas las discusiones con el partido opositor de derecha Los Republicanos (LR), favorable a una reforma.

"Espero poder aprobar esta reforma", dijo a los medios BFMTV y RMC su presidente Éric Ciotti. Aunque Macron quería un retraso de la edad a 65 años, Borne finalmente propuso 64 años, como LR pedía en el Senado desde hace años.

Sin embargo, el gobierno se guarda un as en la manga. Para evitar la obstrucción parlamentaria, anunciada ya por la oposición de izquierda, podría recurrir al procedimiento del artículo 47.1 que limita el tiempo del debate a 50 días.

Si las dos cámaras del Parlamento no votan la reforma para el 26 de marzo, el gobierno podría aplicarla mediante una ordenanza, según fuentes parlamentarias, corriendo el riesgo de aumentar la imagen de autoritario de Macron.

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