Empresarios: Es injusta la inclusión de Panamá en lista gris del GAFI

Gremios y economistas consideran injusta la inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Dichos señalamientos se dieron luego que la ministra de Economía y Finansas (MEF), Eyda Varela de Chinchilla, informara que GAFI aprobó que Panamá sea incluida en el documento de cumplimiento, lo cual mantendrá al país bajo monitoreo.

La Apede instó al nuevo Gobierno a “redoblar esfuerzos y en conjunto con el sector privado organizado, elevar nuestro rechazo ante este hecho y además evidenciar la efectividad que hemos alcanzado para el fortalecimiento del régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo”.

Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), expresó que “me parece injusto, ya que Panamá y su Gobierno han hecho los esfuerzos para cumplir con las 51 recomendaciones que nos habían solicitado el GAFI y en algunos casos hasta de más. Por lo que incluirnos nuevamente en una lista nos es acorde con el supuesto reconocimiento al progreso logrado que se dice hizo GAFI antes de tomar esta decisión”.

Aida Maduro, Presidenta de la Asociación de Zonas Francas de Panamá, “ya a Panamá solo le resta tomar una decisión firme ante estas imposiciones de GAFI y los países miembros, ya que son imposiciones que ponen y ellos mismos no cumplen.”

Maduro comentó que cada vez que Panamá cumple con las normas estipuladas por el GAFI, salen con unas nuevas normativas por cumplir y por eso catalogó la medida como una violación a la independencia fiscal con la que se cuenta.

Olmedo Estrada, Presidente del Colegio de Economistas, dijo que “el país debe hacer algunas diligencias en poder revisar exactamente qué es lo que falta, ya que se han hecho esfuerzos en cumplir a cabalidad con cada una de las sugerencias y requerimientos de GAFI.”

¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)?
El GAFI es un ente intergubernamental establecido en 1989 cuyo objetivo, expresan, es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero.

Erick Maturana
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