Dos semanas del nuevo gobierno

HORA CERO, (René Hernández González).- No soy abogado, pero algunas actividades comerciales me han permitido conocer vericuetos legales los que me permiten reflexionar sobre estos temas. Juan Carlos Varela ha tenido que dedicarle tiempo valioso a desenredar la madeja dejada por el loco mayor. Primero, le deja una lista de indultados. Frente a ese episodio han salido voces criticando tal acción y exigiéndole a Varela la derogación de esos decretos que parecieran ser ilegales, inconstitucionales.

Frente a lo anterior le pregunto a esos expertos en leyes, ¿cuál es la fórmula que nos da el marco jurídico para abolir tal proceder? Considero que la vía no es a través de un decreto nuevo. ¡No señores! Lo que hizo, Ricardo Martinelli, formó parte de sus derechos constitucionales, tal como lo dice el parágrafo 12 del artículo 184 sobre las atribuciones de un Presidente de la República. El jefe del Ejecutivo puede, en cualquier época de su administración, decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes.

Si Varela redacta y firma, con el ministro de Gobierno, un decreto para revocar los de Martinelli, estará cometiendo, para mí, una ligereza, una especie de ilegalidad. Lo correcto es que la corporación que debe decidir sobre este negocio es la Corte Suprema de Justicia. Pero viene otra pregunta, ¿está definido en nuestra legislación lo que es delito político? Creo que allí puede estar un nudo gordiano. Percibo que dentro de la larga lista hay personas que son merecedoras de rebaja de pena y de libertad condicional, por lo tanto una vez se pronuncie la corte habrá que definir quiénes tendrían ese derecho.

Le aconsejo a Varela que no le haga caso a los cabeza caliente de siempre; si él se va por ese clamor de unos pocos podría ser acusado de extralimitación de funciones y eso es peligroso. He conversado con varios juristas de esos a los que califico de mentes frías y me indican que en efecto es la corte la que tendrá la última palabra al respecto.

Otra de las bombas que está desactivando Varela consiste en los nombramientos de administradores más allá del periodo presidencial. Cuando el presidente saliente lo hizo, desde ese momento comencé a tejer la tesis de que ellos ya se sentían derrotados. Martinelli quería blindarse; seguir con el jolgorio y las prebendas. La contaminación del río La Villa distrajo gran parte del tiempo del gobierno. Todo comenzó con una mancha que se hacía más grande con el paso del tiempo. Si bien este fenómeno no era de gran preocupación las autoridades procedieron a medir la calidad del agua, encontrándose con lo que pudiera haber sido una calamidad. La mancha fue provocada por la vinaza, pero en los análisis se comprobó que el agua tenía una alta presencia de atrazina. Este es un químico de alta peligrosidad para el si se llega a ingerir.

La vinaza es el resultado de la producción de alcohol. Se dice que por cada litro de alcohol salen trece de vinaza. Este compuesto químico, bien administrado, se convierte en un abono para la producción de caña. Frente a este panorama desalentador el nuevo gobierno podría, como medida extrema, proponer una ley que elimine la obligatoriedad de utilizar etanol. El distraer miles de hectáreas para sembrar caña es alarmante frente a la disminución de la producción de alimentos. Además desde que se decidió obligar el uso del etanol se sintió un pequeño tufillo de corrupción y enriquecimiento para allegados.

Otra mina fue la relacionada con la indemnización del empleado público. La medida desde mi óptica no es mala. El funcionario tiene derecho a que se le garantice el mismo que tiene una persona del sector privado. Lamentablemente se percibe que el único interés de Martinelli era proteger a los miles de servidores que nombró en detrimento de otros miles que fueron destituidos. Ojalá que volvamos a los lineamientos iniciales de la carrera administrativa que nos legó el gobierno de Guillermo Endara Galimany. Es una aberración, un acto satánico lo que se hace, cada cinco años, con los funcionarios. Prepárese que cuando se investigue el origen de muchos millones de dólares de los impuestos, serán muchos los que iniciarán el calvario de subir y bajar escaleras de juzgados y fiscalías.

El autor es periodistas y fue secretario de prensa, de la Presidencia de la República.

 

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