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Capítulos de TI en A. Latina piden a Varela veto parcial de ley anticorrupción

EFE | Los capítulos de Transparencia Internacional (AI) en una decena de países de Latinoamérica y el Caribe pidieron al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, que vete dos artículos de una ley anticorrupción aprobada por el Parlamento porque, a su juicio, "disminuyen las herramientas para la lucha" contra esa lacra.

En una carta fechada el 10 de abril de 2018 y difundida hoy por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de TI, las organizaciones se refieren a los artículos 3 y 4 de la Ley 514, aprobada el pasado 3 de abril por la Asamblea Nacional (AN), de 71 escaños, la gran mayoría en manos de la oposición. Los capítulos de TI indicaron que los "artículos 3 y 4 (...) disminuyen dos herramientas para la lucha contra la corrupción: inhabilitan permanentemente a las empresas que hayan aceptado acogerse a la colaboración eficaz en casos de corrupción para contratar con el Estado, y exoneran de sanciones a las personas jurídicas que sirven de intermediarias en la comisión de estos delitos si no reciben beneficios directos".

De sancionarse este proyecto de ley, "Panamá, que ya viene sufriendo las consecuencias de una justicia con serias disfunciones y limitaciones, aumentará franca desventaja para luchar contra la gran corrupción", alertaron las onegés. Aseguraron que ley en los términos en los que está disminuirá la capacidad de Panamá "de asistir y ser asistida multilateralmente por los países de la región en la investigación y descubrimiento de los esquemas de gran corrupción", y que "exonerar de sanciones a las empresas que tuviesen roles pasivos generaría a su vez impunidad". "Pretender sancionar a los colaboradores eficaces con la prohibición de contratar de por vida con el Estado, implica eliminar el incentivo para la colaboración", afirmaron las organizaciones.

Añadieron que la "colaboración eficaz (o delación premiada) en las investigaciones del caso Lava Jato, ha permitido romper una tradición de impunidad en la región y, gracias a ella, se han logrado emblemáticas detenciones y condenas, ha sido posible la recuperación de miles de millones de dólares y el acopio de pruebas vitales, que en otras circunstancias hubiera sido imposible conseguir".

Los capítulos de TI explicaron que a lo anterior "se suma la indispensable cooperación internacional entre los sistemas de justicia de nuestros países, la que, a pesar de sus tropiezos, está permitiendo compartir evidencia y realizar un esfuerzo conjunto para que se haga justicia en un caso tan complejo". Indicaron además que "diversas personas jurídicas panameñas, incluyendo algunas del sistema bancario, fueron usadas en roles activos y pasivos dentro de la estructura de corrupción del caso y para llegar a la verdad, su investigación es indispensable, aunque no se beneficiaran directamente".

La carta con la petición del veto parcial de la ley está suscrita por los capítulos de TI en Panamá, Argentina, Perú, Venezuela, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Chile, Brasil y Costa Rica. El proyecto de Ley 514 fue presentado por iniciativa ciudadana y originalmente planteaba solo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción con una reforma al artículo 116 del Código Procesal Penal, pero durante su larga discusión en el Parlamento le fueron sumadas modificaciones vinculadas a la ley de contrataciones públicas.

La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, se mostró el pasado día 5 a favor de que sea vetado el artículo de esa ley que inhabilita para contratar con el Estado a las empresas que hayan actuado como colaboradores eficaces en proceso de corrupción. "La imprescriptibilidad de los delitos representa un avance en la lucha contra la corrupción. Llama mucho la atención la contradicción que representa el ataque hacia la colaboración eficaz. Su aprobación sería para el país un retroceso en esa lucha", escribió aquel día De Saint Malo en su cuenta de Twitter.

 

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