Justicia Panameña enfrenta duras críticas por rumbo de lucha anticorrupción

EFE | a Justicia de Panamá está de nuevo en el ojo del huracán después de que un fallo del Supremo anuló una investigación por supuesta corrupción y el presidente del país, Juan Carlos Varela, señalara a la máxima corte de irregularidades.

 

Varela reveló el jueves que hace 15 días y personalmente le comunicó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, que se están dando "situaciones bien delicadas" en el máximo tribunal, y le exigió que actuara para ponerles fin.

El mandatario, que se define como respetuoso de la separación de poder, aseguró que actuó en el marco de la Constitución, que estipula la coordinación entre los poderes del Estado, y no por el fallo que se filtró el miércoles a los medios sobre el caso de la compra de radares italianos en el Gobierno de Ricardo Martinelli.

En el fallo, de abril pasado, el pleno del Supremo resolvió anular parte del expediente por la compra de los radares y concede un amparo de garantías a los dos únicos imputados: el exministro de Seguridad José Raúl Mulino y el exdirector del Consejo de Seguridad Alejandro Garúz, quienes ocuparon esos cargos durante el gobierno de Martinelli (2009-2014). Los magistrados panameños sustentaron su fallo en que la fiscal del caso, Zuleyka Moore, incumplió los plazos de las investigaciones, violó el debido proceso y ordenó la detención preventiva de los dos exfuncionarios fuera de plazo.

La reacción de rechazo fue inmediata en sectores de la sociedad civil como el Movimiento Independiente (Movin), cuya portavoz Annette Planells dijo a Acan-Efe que el Supremo se buscó una nueva interpretación de la ley. "Que el fiscal se haya excedido en el tiempo no es una causa de nulidad.

En los fallos anteriores en los que el fiscal también se ha excedido, se le ha puesto una sanción administrativa, pero no se ha anulado el caso", explicó Planells. Pero otros actores criticaron a la Fiscalía, como el expresidente como Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), quien señaló que esa institución judicial "viene violentado el procedimiento en muchísimos casos", un "grave error" que "tiene que admitir".

Y fue precisamente la fiscal general, Kenia Porcell, la que encendió la mecha el martes al volver a denunciar que "poderes económicos, políticos, empresariales, mediáticos y de la banca están tratando de impedir que las investigaciones" de casos de corrupción de alto perfil "puedan ser concluidas". Nuevamente la fiscal general no señaló a nadie, lo que provocó exhortos de diversos sectores económicos y políticos para que se identifiquen a los que amenazan y se les encauce penalmente. Representantes de la sociedad civil fueron más directos y reprocharon a Porcell que ella tiene las herramientas para someter a la Justicia a los que intentan obstruir los procesos por corrupción, aunque también le tendieron la mano al expresar apoyo a las investigaciones.

El respaldo a la fiscal general también vino de Varela, quien en múltiples ocasiones ha negado que sea quien le ordene a Porcell a quien acusar y a quien no, como denuncian sus detractores, principalmente Martinelli. "Siento que el Ministerio Público está haciendo su trabajo, ahora le toca al sistema judicial que se den las audiencias y que el pueblo pueda saber la verdad, pero tumbar los casos sin ni siquiera (celebrar) una audiencia deja claro que quienes actúan de esa forma no lo están haciendo para los intereses de la nación", sostuvo en un claro señalamiento a los jueces.

Y en ese clima llegó el jueves desde Estados Unidos la noticia de que un juez federal declaró procedente la extradición de Martinelli por un caso de escuchas ilegales, lo que derivó en aplausos de sus detractores pero también abrió para muchos la interrogante de si el Poder Judicial panameño estará a la altura de las circunstancias si finalmente el expresidente panameño regresa.

 

Etiquetas: Juan Carlos Varela

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