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Condenado por fingir su propio secuestro

Esta misma pena le fue impuesta a Jesús Herbbert Sánchez y a otra persona a quien se le extinguió la pena por fallecimiento, quienes ambos condenados

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Matan a exfutbolista en Villa Lorena

 
Mientras Salas pintaba, desconocidos le dispararon, perdiendo la vida en el lugar, mientras que otra persona resultó herida y fue llevada al

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Aeropuerto de Tocumen firma convenio de cooperación con ATTT

En dicho convenio de interés público y seguridad vial, la ATTT se compromete con la asignación de inspectores de tránsito, debidamente capacitados, para

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Llamamiento a juicio por perdida de arma en el SPI

Este jueves 12 de abril de 2018, el Juez Duodécimo de Circuito Penal de Panamá, Orlando Castrellón, abrió causa penal contra Juan Enrique Lozano y David Robles Aranda, como presuntos infractores de un delito contra la administración de justicia, en la modalidad de diferentes formas de peculado, perjuicio del Servicio de Protección Institucional (SPI).

En ese sentido, se abre el periodo a pruebas por un término de cinco (5) días hábiles e improrrogables para que las partes puedan aducir las pruebas que estimen convenientes a sus respectivos interese, que empezará a correr a partir de la última notificación de la presente resolución.

El juez de la causa basó la calificación del sumario en que se habían comprobado el hecho punible y la vinculación de los hoy imputados con el delito investigado, ello de conformidad en los artículos 32 de la Constitución Política de la República de panamá; artículo 14 de la Ley 14 de 1976, (aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); el artículo 8 de la Ley 15 de 1977, (aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos); Ley N°15 de 16 de noviembre de 1990; y los artículos 2219, 2221, 2222 y 2338 concordantes del Código Judicial.

El pasado 10 de abril se realizó la audiencia preliminar donde la fiscalía Anticorrupción de Descarga del Ministerio Público, estuvo representada por Javier Mitre; y las defensas particulares Rogelio Castillo y Jacinto González, apoderados de Robles y Lozano, respectivamente, quienes realizaron sus alegatos.La investigación inicia en diciembre de 2015 cuando se le encuentra a un menor de edad en San Miguelito, un arma de fuego que pertenecía al SPI, hecho denunciado por el abogado Edgar Torres, que dan pie a indagatorias y diligencias que permiten descubrir que hacían falta 14 correderas y 13 empuñaduras.

 

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