EDITORIAL: La ética y la probidad en el sector público

  • Ciudad de Panamá.

La ética y la probidad deben ser normas obligatorias para los servidores públicos, con independencia de los códigos que las impongan en las instituciones donde quiera que laboren. Y es que se trata tanto de valores como de virtudes que deben identificar y distinguir a todo funcionario.

Ya es bastante que una funcionaria proceda, por la autoridad de la que dice estar dotada, a excederse al favorecer un trámite migratorio, y que a renglón seguido ordene una investigación interna para identificar a quien resulte responsable de “filtrar” al conocimiento general el hecho mencionado.

Es lo usual por estos predios: en vez de reconocer el error y disculparse, gesto que termina en la comprensión de todo el mundo, se les enrostra a los demás el peso del cargo y se busca culpables en el eslabón más débil de la cadena de mando.

Solo cuando quienes sean privilegiados con puestos en la administración comprendan que tienen en sus manos el poder de construir un legado personal de dignidad y respeto para sí mismos y sus familias, habremos hecho de la ética la divisa común de una sociedad en la cual todos podemos mirarnos a la cara sin sentir vergüenza.