Abogados rechazan resolución que establece uso de equipos fiscales a profesiones liberales, pese a pronunciamiento de la CSJ

El Colegio Nacional de Abogados, a través de un comunicado, expresó su rechazo a una nueva resolución de la Dirección General de Ingresos (DGI), que pretende establecer un procedimiento de excepción para el uso de equipos fiscales o del sistema de facturación electrónica a las profesiones liberales.

El gremio exige a la DGI la inmediata revocación de la Resolución No. 201-7263 y el respeto irrestricto al fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá e instó a las autoridades que rectifiquen su decisión en concordancia con los preceptos legales y constitucionales.

Sobre este tema la Corte Suprema de Justicia el 17 de julio de 2024 declaró la inconstitucionalidad del numeral que establecía la obligatoriedad del uso de equipos fiscales o del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá para los servicios prestados en ejercicio de profesiones liberales, artesanales y artísticas, en forma independiente o a través de sociedades civiles.

El gremio señaló que la Resolución No. 201-7263, a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia, “pretende establecer un procedimiento de excepción para el uso de equipos fiscales o del sistema de facturación electrónica para estos profesionales, contradiciendo directamente la decisión judicial. La Corte Suprema de Justicia, en su fallo, ha establecido claramente que estos profesionales están exceptuados de la obligación de facturación electrónica o a través de equipos fiscales”.

El Colegio Nacional de Abogados considera que la Resolución No. 201-7263 es:

Ilegal: Contraviene una decisión judicial firme que declaró la inconstitucionalidad de la norma en la que se basa la resolución. Inconstitucional: Atentan contra el derecho a la libertad de profesión y oficio garantizado por el artículo 40 de la Constitución Política, al imponer cargas adicionales y procedimientos innecesarios a un sector ya eximido por una decisión judicial. Desproporcionada: Impone cargas administrativas excesivas a profesionales que ya enfrentan dificultades económicas.