El pleno de la Asamblea aprobó en segundo debate la ley de las APP

La Asamblea Nacional    aprobó ayer en segundo debate el Proyecto de Ley N°12  que crea    el Régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP), a fin de enriquecer el documento con nuevas modificaciones. 

Con 38 votos a favor y   18 en  contra  los  diputados aprobaron   la modificación  del artículo 67,  que establece la  inhabilitación por diez años tanto a las empresas que hayan sido condenadas como a las confesas de   haber constituido un delito.

   El       diputado del partido   panameñista, Luis Ernesto  Carles,  explicó que      de “manera técnica y semántica ha quedado muy claro la redacción  de la modificación del artículo 67,    tal como ha sido aprobada  la inhabilitación es  por diez años”. El nuevo documento también excluye  dentro del ente rector a un representante de la Asamblea Nacional. 

   Aida Maduro, presidenta  de la Asociación de Zonas Francas de Panamá, dijo que “las APP son un marco legal para que se vuelva a invertir en temas de infraestructuras que pudiesen ayudar al  Estado con capitales privados”. 

Daniel Rojas, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AUZLC),  indicó que  “en ningún momento se debería permitir  que una  empresa que este señalada por sobornos  o por  malos manejos de dinero   y que este  encausada tenga oportunidad de  abrir una APP.   Tenemos que empezar a ser serios y transparentes en ese aspecto   porque el mundo entero  nos observa”.

   Julio de la Lastra, presidente del Consejo  Nacional  de la Empresa Privada (CoNEP), afirmó que “las APP no son negativas para el país, es una forma muy dinámica para dinamizar la economía  y crear empleos  signos que son los que se requieren”. 

De la Lastra señaló que  “estamos muy conscientes que  las APP deben   tener un método correctivo a la hora de escoger quien es la persona o la empresa  que se va a encargar de  la mitad de las operaciones”. 

 En tanto, el  politólogo Richard Morales manifestó  que “este  un esquema privatizador que le entrega a la  empresa privada la gestión de los bienes y servicios públicos. El proyecto oculta  la deuda, así que hay un argumento falso  de que  va  a disminuir el  endeudamiento”.