Proyecto de delito fiscal sigue sin aprobación, depende de ley que crea Código Tributario

Hoy, el pleno de la Asamblea Nacional debería retomar la discusión en segundo debate del proyecto de ley 692 que crea el Código de Procedimiento Tributario.

 

 

De la aprobación de este proyecto depende que la iniciativa de ley 591, que adiciona un Capítulo XII, Delitos contra el Tesoro Nacional, al Título VII del Código Penal, salga del estado de suspensión y los diputados retomen su discusión en segundo debate.

 

Este proceso dilatado de discusión en el pleno, mantiene preocupado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por el hecho de que se espera una revisión al país por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en febrero, y de no tener este proyecto aprobado, representaría el ingreso de Panamá en una lista gris. 

 

Gustavo Valderrama, viceministro del MEF, admitió en declaraciones que “se trata de una adecuación exigida por el Gafi, como parte de los requerimientos para no formar parte de la lista gris”. Por otro lado, diputados y empresarios han manifestado su preocupación por el fin para el que pueda ser utilizada esta ley.

 

Durante el periodo de incidencia en el pleno de la Asamblea, el diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Rubén De León, advirtió que “el proyecto de Ley 591 podría conllevar ciertas intenciones como perseguir a los empresarios que no comulgan con la política de los actuales gobernantes, más aún en este período preelectoral”.

 

De León propondrá que esta ley empiece a regir a partir del 1 de julio del presente año y no antes del período preelectoral.

 

Por su parte, el diputado Quibián Panay, señaló que “el MEF siempre ha planteado a la Asamblea de que hay que hacer lo que dicen los organismos internacionales o de lo contrario podría provocar un caos en el sistema financiero, en vez de jugar un contrapeso y balance”.

 

Para el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Severo Sousa, “a todos nos preocupa que se pueda usar esta norma con fines de persecución política, pero esa posibilidad se minimiza en la medida en que se acepten cambios como aumentar el umbral a 500 mil dólares y reducir la pena precedente de lavado de dinero de 2 a 4 años por ser una falta más de tipo administrativa y financiera”.

 

El proyecto busca que las personas que tengan ingresos mayores a un millón de dólares deben pagar impuestos por $300 mil, y si no lo declaran podrían ser penalizadas o acusadas de lavado de dinero.

 

El MEF ya informó que “al país se le agotó el tiempo, si no aprueba el proyecto de ley”.

 

 

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