Productores de Barú siguen en alerta por posibles desalojos

Los productores de Barú, provincia de Chiriquí, se mantienen alertas y en zozobra ante la posibilidad de que se registren nuevos desalojos forzosos de los terrenos que han ocupado por más de 20 años, ello para dar cumplimiento al contrato que realizó el Estado con la transnacional Banapiña, filial de Del Monte, encargada de reactivar la producción bananera en la provincia.

Ada Pinzón, presidenta de la Asociación de Productores de Panamá, explicó que el litigio por los terrenos viene desde hace años. En 2016 se firmó un contrato entre el Estado y Banapiña para reactivar la producción de banano en este sector, además se planteaba que los productores tenían 18 meses para abandonar los terrenos, periodo que ya se venció, sin embargo estos reclaman el derecho posesorio de los terrenos que por ley les pertenece, acogiéndose al código agrario.


Pinzón agregó que son más de 400 las familias las que están en peligro de ser desalojadas de unas 5,800 hectáreas, que son reclamadas por Banapiña para la ejecución del proyecto.


El conflicto ha llevado a los agricultores a presentar denuncias en la Corte Suprema de Justicia, incluso se interpuso una denuncia penal en la Asamblea Nacional contra el presidente Juan Carlos Varela por supuesta violación a los derechos humanos y a las normas del Código Penal. Marvin Wilcox, dirigente de los productores de Barú, ha mencionado que se les está impidiendo sacar productos para venderlos.


Los residentes del lugar denunciaron que “hay una componenda entre funcionarios para favorecer a la transnacional” y señalan que las decisiones arbitrarias en contra de los agricultores son ejecutadas por la Jueza de Paz, Ulzana Valdés y el alcalde de Barú, Franklin Valdés.

Liberan a periodista detenida por más de 24 horas en Barú

 

La periodista Ligia Arreaga fue liberada ayer, luego de permanecer detenida en Barú por más de 24 horas, por disposición de la jueza de Paz, Ulzana Valdés, informó el Colegio Nacional de Periodistas (Conape).


Blanca Gómez, presidenta del Conape, solicitó la destitución de la jueza de Paz, Ulzana Valdés y manifestó que a la periodista se le violaron "los derechos y garantías" como comunicadora social.

Tras su liberación, Arreaga indicó que ”yo no he cometido ninguna falta para que la señora juez Ulzana Valdés haya ordenado mi detención, ha sido algo absolutamente injusto, muy arbitrario, una señora violenta, muy agresiva, tengo que revisar mi filmadora porque se me abalanzó, me golpeó mi filmadora y trató de arrancármela”.

 

 

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