Una docena de diputados panameños son señalados de nepotismo por ente público

EFE |  Una docena de diputados panameños fueron señalados hoy por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), una entidad gubernamental dedicada a la lucha anticorrupción, por haber incurrido en un supuesto nepotismo al haber contratado a familiares con dinero público.

La directora general del ente público, Angélica Maytín, envío una carta a la presidenta del Parlamento panameño, Yanibel Ábrego, en la que le pide que investigue las contrataciones realizadas por doce diputados y por el mismo secretario general de la Asamblea, Franz Weber.

"Le alentamos a conformar la Comisión de Ética y Honor Parlamentaria a fin de que investigue e imponga las sanciones respectivas, de encontrarse infracciones a los valores éticos parlamentarios", dice Maytín en la misiva, que fue colgada en las redes sociales del organismo público.

Entre los señalados, se encuentran nombres conocidos como la diputada oficialista Katleen Levy o los opositores Benicio Robinson (del socialdemócrata Partido Revolucionario Democrático, PRD) y Marilyn Vallarino (del liberal Cambio Democrático, CD).

La carta de la directora de la ANTAI se enmarca dentro del escándalo de las partidas mensuales de las que disponen los diputados para contratar a su personal de confianza y que en los últimos tiempos han sido objeto de múltiples polémicas por falta de transparencia y presunto nepotismo.

El contralor general, Federico Humbert, ya ha denunciado penalmente al menos a cinco diputados por irregularidades en el manejo de distintas planillas, entre ellas la conocida "Planilla 080", una partida mensual que fue elevada de 4.000 a 30.000 dólares por cada legislador en 2014, al poco tiempo de empezar la actual Administración del presidente Juan Carlos Varela.

Los diputados fueron denunciados ante el Supremo porque la ley panameña estipula que los 71 diputados que conforman la Asamblea solo pueden ser procesados por el máximo tribunal, cuyos magistrados, a su vez, solo pueden ser investigados y sancionados por el Parlamento.

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