Navarro propone renovar totalmente el sistema de justicia panameño

“Las declaraciones de la Procuradora, en donde ella y el magistrado De León ambos pueden haber incurrido en delitos, son reflejo de la podredumbre del sistema judicial, y el deterioro en las instituciones del Estado,” señaló Juan Carlos Navarro, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

“El sistema de justicia ya no representa ninguna garantía para los ciudadanos, quienes exigimos una completa transformación del Órgano Judicial y la Procuraduría de la Nación. Para ello se hace urgente que el próximo gobierno lleve adelante una profunda reforma constitucional, que de la manera menos traumática, nos dé un sistema mejorado y una renovación en ambas instituciones,” indicó Navarro.

El dirigente político manifestó que, “mediante la reforma constitucional tenemos que renovar totalmente el sistema judicial, para tener garantía de transparencia, buen funcionamiento y aplicación de las leyes.”

También hizo un duro llamado al presidente Varela para que, “en lo que le queda de gobierno saque las manos de la esfera judicial, que tanto daño le está haciendo al país y llevándolo al despeñadero, en lugar de cumplir con su responsabilidad de nombrar los tres magistrados que faltan en la Corte Suprema.”

Para el líder perredista, no solo es necesario una reforma al sistema de justicia sino también, contar con instrumentos legales que blinden al país contra la corrupción, “para ello mi compromiso es presentar en los primeros días del gobierno, una nueva Ley de Contrataciones Públicas que garantice la transparencia en las contrataciones de bienes y servicios del Estado, en la que se deje claro que las empresas involucradas en probados actos de corrupción, no podrán contratar ni realizar obras estatales,” sentenció.

Por otro lado, el aspirante presidencial recalcó que bajo su administración se aplicarán todas las normas que impulsen la transparencia, utilizando la tecnología de punta blockchain y otras similares para que toda la población tenga acceso a la información de en qué y cómo se utilizan los recursos del Estado, de modo que la misma ciudadanía participe activamente como vigilantes y custodios de los fondos públicos y la gestión gubernamental.

 

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