Trabajadores destituidos del Municipio de Arraiján denuncia persecución política e incumplimiento al debido proceso

En representación de los 127 trabajadores de la Alcaldía de Arraiján que fueron destituidos por la vicealcaldesa Militza Palma el 27 de diciembre de 2018 la coordinadora de Transparencia del municipio cabecera Mirian Castillo denunció vejámenes, declaraciones infundadas y arbitrariedades por parte de la encargada de la municipalidad.


Por su parte, Yaribeth Gómez, la directora de Recursos Humanos, expresó que aunque han recurrido al gobernador de la provincia de Panamá Oeste Temístocles Herrera no han recibido respuesta.


“Nos hemos apersonado a donde el gobernador a presentarle todas las ilegalidades cometidas por la señora Militza Palma y a la fecha no henos recibido respuesta. El gobernador no ha tomado consideración a las ilegalidades que se cometen, sin embargo separa a Pedro Sánchez Moro (alcalde de Arraiján) por 30 días del cargo por una falta administrativa sin embargo por el posible caso de peculado de Militza Palma no se ha pronunciado ni tampoco por las ilegalidad hacia los compañeros”, expresó Gómez.


La encargada de Recursos Humano, quien también fue destituida afirma que dentro de las 127 personas destituidas hay casos de enfermedades crónicas degenerativas, discapacitados y funcionarios que le falta poco tiempo para jubilarse.



La abogado de los querellantes y quien se desempeñó como juez ejecutora del Municipio de Arraiján Carmen Montenegro, mencionó que se han presentado cerca del 100% de los recursos de reconsideración ante la misma unidad nominadora y la ley 38 establece en el artículo 170 la resolución se suspende y por consecuencia los funcionarios deben acudir a sus puestos de trabajo pero se han cerrado la puerta del municipio con llave para evitar su ingreso.



“Somos un profesionales exigiendo el debido proceso, que se nos respete nuestros derechos fundamentales, porque si bien es cierto se ha adoptado la decisión de destituirnos la norma debe estar fundamentada , y la corte suprema se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el tema indicado que aun cuando se trate de funcionarios de libre nombramiento y remoción las destituciones y nombramiento tiene que estar justificadas; ante este orden de idea presentamos una advertencia de ilegalidad que debe ser remitida a la autoridad dentro de los dos días hábiles siguiente, y esto no ha sucedido pues advertencias fue presentada el 4 de enero y no se le ha dado tramite”, afirmó la jurista.



Gómez también recordó que se ha visitado la Procuraduría de la Administración y la Defensoría del Pueblo para que se tome en cuenta el despido de personas que las amparan la ley 59 , que tiene padecimiento de enfermedades crónicas o degenerativas, otros que le faltaban seis meses para jubilarse o aquellos que tiene dependientes con capacidades especiales.



“Hemos solicitado copias autentificadas de los decretos de destitución, documentación que no nos ha sido entregada, y nos hemos presentado a cuestionar sin recibir respuesta positiva; es en este orden que no se ha abierto la posibilidad para que se dé el curso del debido proceso. Tiene que justificar la decisión que se adoptó para que nosotros podamos tomar los canales que la ley nos permite. Esto es el principio de legalidad consagrado en la Constitución al que tenemos derecho como funcionarios públicos y como panameños sin ser cuestionados. El tramite tiene que seguirse, es por eso que hemos ido a la Procuraduría de la Nación y a diferentes entes para que se cumpla el debido proceso”, dijo la juristas en una conferencia de prensa.



Los funcionarios del municipio afirman que esto forma de una persecución política a todos los cargos desde conductores, directores de todos los departamentos, el juez ejecutor independiente, secretaria, asistente, directores de servicios deportivos, ingeniaría, tesorería entre otros departamentos.

 


 

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