Cuatro imputados y detenidos por homicidio, secuestro, robo y posesión ilícita

El Ministerio Público, representado por la Fiscalía Especializada de Homicidios y Femicidios de la Provincia de Darién, logra en audiencia este 6 de octubre de 2018, la legalización de aprehensión, formulación de imputación y medida cautelar de detención a cuatro ciudadanos.

El Fiscal Juan de Dios González, de la Sección de Homicidios y Femicidios y el Fiscal Leonidas Gómez de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas solicitaron ante la juez de Garantías, Greta Polo, la medida cautelar de detención provisional de acuerdo a lo establecido en los artículos 235, 280 y 224 del Código Procesal Penal.

Los hechos ocurrieron el 3 de octubre de 2018, en el corregimiento de Río Congo, distrito de Chepigana, provincia de Darién, donde 5 sujetos, llegan a una residencia ubicada en la comunidad La Fortuna y someten con armas de fuego a las personas que se encuentran dentro de la residencia privándolos de su libertad y exigiéndole que dijeran donde estaba una supuesta droga.

Posteriormente se llevan a una de las víctimas, quien fue maltratado y es trasladado hacia otra comunidad conocida como Santa Bárbara Abajo, en donde amordazaron a todas las personas de esta comunidad, los privaron de su libertad pidiéndole a cambio información de una droga, y hurtándoles en cada una de sus casas objetos de valor y ultimando con un disparo en la cabeza a uno de sus habitantes.

En horas de la mañana del día 4 de octubre, son aprehendidos 4 de estos sujetos por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), encontrándole a uno de estos ciudadanos un arma de fuego modelo 380 y municiones; así como un arma blanca (cuchillo) y dinero fraccionado en diferentes denominaciones.

Finalmente la Juez de Garantías Greta Polo, Admitió la Legalización de la Aprehensión, dio por validada la formulación de imputación y decretó la detención provisional de los ciudadanos, por estar presuntamente vinculados a los delitos Contra la Vida y la Integridad Personal (Homicidio), Contra la Libertad Individual (Secuestro), Contra el Patrimonio Económico (Robo Agravado) y Posesión Ilícita de Arma de Fuego; dándole al Ministerio Público un término de seis meses para la investigación.

El abogado Oswaldo Rosas y Edgar Chanchore, defensores públicos, en representación de los imputados, se opusieron a cada una de las solicitudes planteadas por el Ministerio Publico.

 

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