La UNESCO y Meduca presentan el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2019

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) en conjunto con el Ministerio de Educación (Meduca) de Panamá, lanzó el Informe 2019 de Seguimiento de la Educación en el Mundo, a través de un acto con la participación de representantes del gobierno, universidades, ONG’s (Organizaciones No Gubernamentales) nacionales e internacionales y otras agencias de las Naciones Unidas.

 

 

La edición 2019 del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM), publicado por la UNESCO y titulado ‘Migración, desplazamiento y educación: construir puentes, no muros’, revela que la cantidad de niños y niñas migrantes y refugiados en edad escolar alrededor del mundo, actualmente, podría llenar medio millón de aulas, un aumento del 26% desde el año 2000.

 

Como plantea la directora de la UNESCO en San José, Costa Rica, Esther Kuisch- Laroche, “el aprendizaje no es un lujo. Cuando se niega la educación a migrantes y refugiados, todos pierden. La educación es clave para la inclusión y la cohesión, y la mejor forma de forjar comunidades más fuertes y resilientes”.

 

Este reporte revela en qué lugares de América Latina y el Caribe se ve cuestionado este derecho. Así, cada vez hay más menores no acompañados en los centros de detención, donde, por lo general, no tienen acceso a la educación. Cerca de 50,000 niños de El Salvador, Guatemala, Honduras y México fueron detenidos cada año en promedio en la frontera de los Estados Unidos, entre 2013 y 2017.

 

En México, 35,000 menores, más de la mitad no acompañados, han permanecido en centros de detención sin educación organizada, excepto por actividades ad hoc con un componente educativo limitado, tales como talleres de artesanía o debates de carácter religioso.

 

Gina Garcés, viceministra de Educación, señaló que “en el caso de Panamá, la educación es un derecho universal, consagrado por la Convención de 1989 sobre el Derecho de los Niños y ratificada, en 1990, por Panamá y en nuestra Constitución se establece el derecho a la educación”.

 

Panamá no puede negar que asistan a las escuelas, aunque la documentación que porten no esté completa. Es por ello que, actualmente, el Meduca elabora un instructivo con el propósito de hacer pruebas sencillas e identificar el nivel de escolaridad para su incorporación a nuestro sistema educativo.

 

Cabe señalar que unos 24,060 estudiantes tuvieron convalidaciones al 2016, para ingresar al sistema educativo, tanto el sector oficial como particular. Venezuela, Colombia y Nicaragua son los que más solicitan estos procesos, 22,899 estudiantes revalidaron en materias como geografía, historia y cultura de Panamá.

 

Se estima que para el 2018 unos cinco mil 972 estudiantes venezolanos, entre los diferentes niveles del sistema educativo, y, de igual manera, cuatro mil 602 educandos colombianos se encuentran matriculados en los diferentes centros educativos oficiales panameños.

 

En la República Dominicana, los haitianos sin Estado no disfrutan plenamente del derecho a la educación. Los índices de asistencia a la educación primaria fueron de un 52% para los niños y las niñas nacidos en Haití, un 79% para aquellos originarios de República Dominicana de padres y madres inmigrantes y, de un 82%, para aquellos de otros países. Además, aun cuando logran matricularse, les es difícil avanzar a través del sistema.

 

Como si fuera poco, los inmigrantes haitianos necesitan acreditar su nacionalidad para registrarse en la base de datos nacional y rendir exámenes nacionales para obtener la admisión en la educación secundaria. Y, si logran superar esas barreras, los colegios les piden a los alumnos de 18 años o mayores una copia de su carné de identificación nacional lo que, en la práctica, a menudo se traduce en que no se pueden graduar. Conscientes de que posiblemente no consigan un diploma, muchos pequeños abandonan la educación.

 

En Chile, aunque una directiva presidencial de 2008 anunció una educación pública para todos los niños, sin importar su estado de migración, en la práctica esto ha quedado a discreción de los funcionarios de los gobiernos locales.

 

Sin embargo, en la región hay también numerosos buenos ejemplos de inclusión en la educación de migrantes y personas desplazadas a la fuerza. Colombia se ha convertido en líder, al usar su marco legal para proteger la educación de su población desplazada internamente. En 2002, la Corte Constitucional ordenó a las autoridades educacionales municipales que tratasen de forma preferencial a los niños y las niñas desplazados en términos de acceso a la educación.

 

En el último tiempo, Colombia, al igual que otros países de la región, incluso algunos no hispanoparlantes, como Brasil y Trinidad y Tobago, han abordado las consecuencias que tiene en la educación el desplazamiento cada vez más común de personas entre fronteras en América Latina, y reciben a estudiantes venezolanos junto con los propios.

 

Argentina ayudó a muchas personas migrantes no documentadas a convertirse en ciudadanos regulares por medio de una ley de migración de 2004 y de su posterior Plan Patria Grande, el cual afirmaba que “bajo ninguna circunstancia deberá el estatus irregular de un inmigrante impedir su admisión como estudiante en ninguna institución educativa”.

 

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