Reanudan audiencia a diez personas por tráfico ilícito de migrantes chinos

Este viernes, 7 de septiembre, a las 10:30 am, se reanuda la audiencia a diez imputados por el tráfico ilegal de migrantes chinos en las instalaciones del SPA de Plazá Ágora, Sala N°2, para debatir las medidas cautelares que se impondrán.

La investigación inició en mayo de 2017, cuando según informes de inteligencia y policiales, ponen en conocimiento de que en Panamá, había una supuesta organización criminal de tráfico ilícito de migrantes chinos, que llegaban procendentes desde su país de origen e ingresaban a Costa Rica y Panamá, y en la cual, esta red recibía a cambio grandes remuneraciones económicas.

Ayer, la juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Sandra Castillo, legalizó la aprehensión de las diez personas de nacionalidad china y panameña. Se dio por presentada la imputación, por el delito contra la humanidad, en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes, en calidad de autores, en perjucio de aproximadamente diez personas de nacionalidad china.

El Ministerio Público, que estuvo representado por los fiscales Miguel Tuñón y Paula Garcés Jimenez, solicitaron a la juez de Garantías, se legalizara la aprehensión de los diez indiciados y se diera presentada la imputación, por el delito contra la humanidad, en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes, en calidad de autores.

El Ministerio Público, presentó ante el Tribunal de Garantías, todos los elementos de convicción recabados hasta el momento, y entre ellos están: remuneraciones económicas por el tráfico ilicíto de personas, informes de vigilancia y seguimiento en la que se pudo corroborar la ruta de los migrantes chinos desde su país de origen hasta su destino final en Costa Rica y Panamá, utilizando documentación falsa, se realizaron interceptaciones telefónicas de los equipos celulares de la supuesta red de tráfico ilegal, también se pudo acreditar en la carpetilla, la logística de esta red en el que desde provincia de Chiriquí, en la frontera de Costa Rica y Panamá, trasladaban a los migrantes asiáticos desde ese destino, hacia varios puntos en provinciales centrales, y de la ciudad capital.

La defensa técnica estuvo representada por los abogados particulares Franklin Contreras, Carlos Córdoba Batista, Yeni Lau, Samuel Quintero, Pablo Pérez Campos, Armando Guerra, Moisés Pinzón, Félix Donadío, Eduardo Badillo, y por la defensa pública participó la licenciada, Ana González.

Los abogados de la defensa no objetaron la legalización de la aprehensión, pero sí tuvieron oposición en cuanto a la formulación de la imputación referente a la denominación en calidad de autores.