Se absuelven a implicados por el delito de peculado en perjuicio del MOP

Mediante sentencia absolutoria N°06, del 24 de agosto de 2018, el Juzgado Decimotercero de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, absolvió a Jorge Perivancich, Jonel Carol, Alfredo Yáñez, Julio Ángel Ross, Luis Saavedra, Ibeth Vázquez, Erika de García, Juan Bautista Zamora, y a Ricardo Antonio López, del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP), y se levantan las medidas cautelares aplicadas por el Ministerio Público a los procesados.

 

El Tribunal basó su decisión en que no existe un informe de la Contraloría General de la República, el cual es una pieza fundamental para valorar la responsabilidad penal en este tipo de delitos, y a la fecha no ha sido allegada a autos, a pesar de haber sido solicitada en su momento por el Ministerio Público, ya que con ello se podría establecer con claridad meridiana, y de una manera precisa, objetiva e idónea la lesión patrimonial, y así decidir la responsabilidad penal de los implicados.

Además, se estableció que uno de los auditores que realizó el informe de auditoría interna, carecía de idoneidad de contador público autorizado, lo cual ha quedado acreditado en autos, a través de su propia declaración jurada, por lo que no se pudo utilizar dicho informe para decidir responsabilidad penal.

Indica el juez suplente especial, Andy Gutiérrez que dentro del presente proceso, no consta otro elemento probatorio, que lleve a este Tribunal, a la convicción de determinar o conocer con certeza cuál fue la participación de los procesados.

La sentencia absolutoria N°6 señala que no se evidencia dentro del sumario, alguna promesa de pago, donación o beneficio, que los procesados hayan recibido, de estas empresas beneficiadas, que los llevara a exceptuar el procedimiento de selección de contratistas, y de esa manera adjudicar de manera directa órdenes de compras a empresas, que no ofrecían el mejor precio para el Ministerio de Obras Públicas.

Tampoco se realizó ninguna diligencia de inspección ocular a las cuentas bancarias de los funcionarios involucrados en este proceso penal, que permitiera determinar la existencia de algún tipo de transacción o transferencia sospechosa, para la fecha de los hechos.

Este hecho guarda relación con una denuncia presentada en mayo de 2014, para que se investigará los supuestos sobrecostos en la adquisición de bienes y servicios que se requerían para conjurar situaciones relacionadas con el Estado de Emergencia Nacional, que declaró el Consejo de Gabinete, el 10 de diciembre de 2010, producto de las fuertes lluvias, que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra.