Detención provisional a una extranjera de la tercera edad por tráfico ilícito de migrantes

La mañana de este martes, 21 de agosto, se dio inicio a una audiencia de control frente a la juez de garantías, Yanelka Quijano, contra una señora ecuatoriana, de 70 años de edad, por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de migrantes en perjuicio de dos menores de edad (10 y 16 años).

 

Sin embargo, al momento del agendamiento de la audiencia, el Ministerio Público no alertó a la Oficina Judidial de las condiciones de vulnerabilidad de la señora, entre estas, que no domina con precisión el idioma español y es analfabeta.

Ante esta situación, y con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales y cumplir con lo que establece la Ley tanto para los nacionales como extranjeros en el país, la juez de Garantías, decretó un receso para solicitar el apoyo a la Embajada de Ecuador en Panamá, entre ellos, un traductor de la lengua “quechua”,  para facilitar la comunicación con la sindicada. Para ello, asistió el asistente consular, Alvino Antuash, quien colaboró  con la señora.

La audiencia, que se reinició a eso de las 5 de la tarde y culminó a las 10 de la noche, tuvo como resultado la detención provisional, como medida cautelar personal, por los riesgos procesales del proceso, como el peligro de fuga, y obstaculización de la investigación, ya que no cuenta con arraigo domiciliario, familiar, ni laboral en el país.

A su vez, la juez fundamentó su decisión, en el juicio de proporcionalidad de la protección  a los menores de edad, que se encuentran establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, en la Convención Internacional sobre Tráfico Internacional de Menores y en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Ley 36 del 2013.

La juez fue enfática al señalar, que si bien es cierto, dio por formulada la imputación y decretó la medida cautelar personal, decretó ilegal la aprehensión de la señora en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el pasado 20 de agosto, debido a que el Ministerio Público no sustentó que se le brindara de manera oportuna, la asistencia jurídica para que tuviese conocimiento de la información al momento de su detención, violándose de esta manera, los derechos del aprehendido.

En cuanto a los elementos de convicción, la fiscal Paula Garcés, de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, presentó informe policial de la alerta del CNIP (Departamento adscrito al Servicio Nacional de Migración de Panamá), que indicaba el ingreso irregular de una mujer con 2 menores de edad, con una supuesta autorización de salida del país de los padres de los infantes, donde señalan el permiso a viajar especificamente a Lima, Perú por espacio de 10 días, y entrevista de los niños, quienes dan a conocer que visitarían a sus padres en los Estados Unidos de América.

Por este caso, la imputada estuvo representada por la defensora pública, Gianina Haldar, quien también advirtió al Tribunal de la limitación que tenía para comunicarse con la señora.

Por los hechos ocurridos, la fiscal señaló que los menores fueron puestos a órdenes de las instancias correspondientes.