Sector académico sugiere acciones ante dilataciones del caso judiciales

A propósito de la paralización de los casos de investigación de las juntas comunales y su reciente reapertura, instituciones académicas como la Universidad del Istmo, han fijado posición proponiendo mayores presupuestos para la creación de juzgados, mejoras salariales a los profesionales del derecho en los juzgados y fiscalías y capacitaciones internas que mejoren los procesos administrativos cotidianos para optimizar los recursos.

 

José María Barsallo, Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Istmo, explica que son varios los factores que imposibilitan que este tipo de casos sean resueltos en poco tiempo, lo que genera en la sociedad un descontento y desconfianza en el sistema. Lo que da la sensación de que se paralicen y luego se reabren sin resultados. Barsallo aseguró que en primer lugar, la mora judicial responden en gran media “al uso excesivo de los recursos de impugnación que dilatan los procesos”. 

“Es necesario dotar con un presupuesto cónsono a los entes para crear más instancias de investigación y de juzgamiento, además de capacitar a los profesionales para que sean más efectivos en sus fallos y a los funcionarios en manejo de personal de despacho, con la finalidad de que su labor sea más asertiva”, puntualizó el catedrático.

“Casos como los de las Juntas Comunales, puede que llamen la atención a los medios pero puedo decir que uno de los peores escenarios es el caso de pensiones alimenticias en que la persona obligada a darlos, abusa abiertamente del recurso de apelación de la resolución que lo condena al pago y el Tribunal Superior que le corresponde resolver tarda 3 o 4 meses mientras tanto no paga, luego se presentan desacatos por no pagar y apela y no paga, pueden pasar mas de 4 meses desde que se fijó la pensión y la persona obligada no hace el primer pago y mientras no haya solución el menor de edad afectado no recibe nada”, explica el docente.

Para Barsallo, una de las grandes debilidades que presenta el aparato judicial en estos casos es que “es tan garantista de los derechos, que olvida en ocasiones a los afectados” reitera.

Por lo anterior, el Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, refiere que la responsabilidad desde la academia debe radicar en: Dar una buena formación a los futuros profesionales del derecho para que distinga cuando es viable recurrir al recurso de apelación y en qué casos no, fomentar el debate con la finalidad de mejorar las instituciones, propiciar que la academia cuestione con respeto y proponga soluciones, llamar a la unidad del gremio para buscar la mejora de la situación y crear observatorios con el propósito de ser críticos.

 

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