Abogados de NG Power solicitan desacato y orden de arresto contra administrador de ASEP

La firma de abogados Watson & Associates, solicitó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia en nombre del grupo Panamá NG Power S.A. que se declare en desacato al Administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) Roberto Meana y se ordene su arresto, por no cumplir con una orden judicial.



La acción de "Amparo de Garantías Constitucionales" advierte que Meana se resiste a "cumplir la orden judicial contenida en la sentencia del 20 de diciembre de 2017, dictada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia".

Panamá NG Power se ganó una concesión en el año 2014, para construir una planta de 670MW, con una inversión inicial de $800 millones.

Según la firma de abogados, Panamá NG Power ha presentado tres "acciones" de amparo de garantías constitucionales contra Meana, "por violarle continua y reiteradamente, el debido proceso legal y otros derechos fundamentales".

Los tres amparos han sido concedidos a NG Power.

El 20 de diciembre de 2017, la Corte ordenó a Meana conceder un plazo de 150 días para "el cierre financiero" del megaproyecto, pero Meana dio vencido el plazo, el pasado 8 de junio.

"En abierto desafío, a la orden dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el funcionario Roberto Meana, dicta la resolución AN Número 12439-Elec de 8 de junio de 2018, y resuelve declarar vencido el plazo para la presentación del cierre financiero, cual se mantuvo vigente hasta el 13 de octubre de 2017", dijo Watson & Associates.

Dentro de la acción legal, los demandantes señalan que “Esta decisión del funcionario Roberto Meana Melendéz, contraviene directamente lo ordenado en la resolución judicial ejecutoriada consistente en la Sentencia de 20 de diciembre de 2017, dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que concedió dicha acción de Amparo de Garantías Constitucionales, revocó la orden de hacer demandada, y le “ordenó” al funcionario Roberto Meana Meléndez, otorgar a Panamá Ng Power, S.A., el plazo de 150 días para presentar el cierre financiero.


Insistió que Meana, al negarse a otorgar a Panamá NG Power S.A., el plazo de 150 días para presentar el cierre financiero, "no sólo constituye una afrenta a una decisión judicial en firme y ejecutoriada; inaceptable en un Estado de derecho; sino que además causa serios y graves perjuicios a Panamá Power S.A., y una clara extralimitación de funciones".

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