Sala Tercera se pronuncia sobre bonificación por antigüedad al personal académico de la UP

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución de fecha 11 de junio de 2018, falló en contra de una demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por la Contraloría General de la República, que pretendía que se declarase nula una decisión adoptada por la Universidad de Panamá, para que el personal académico universitario recibiera una bonificación por antigüedad. 

 

La decisión se da bajo la ponencia del magistrado Luis Ramón Fábrega, con el aval de los magistrados Abel Augusto Zamorano y Cecilio Cedalise Riquelme, donde se declaró que no es nulo y, por lo tanto, no es ilegal el artículo 182-B del Estatuto de la Universidad de Panamá, adicionado por los Acuerdos de la reunión No.1-12, celebrada el 14 de febrero de 2012, y recientemente modificada por los Acuerdos de las Reuniones Extraordinarias N° 7-16 y 8-16, celebradas el 23 de junio de 2016 y el 4 de agosto de 2016, respectivamente, el cual establece los casos en que el personal académico universitario recibirá la bonificación por antigüedad y la forma en que se calculará la misma.

A juicio de la Sala Tercera, existen reiteradas jurisprudencia que refieren ese reconocimiento que la Constitución Política hace sobre la autonomía de la cual goza la Universidad de Panamá, que le da la facultad de normar, sin injerencia de terceros, esto es, con total independencia, sus propios Acuerdos.  Es esta potestad la que le permite autorregularse, a través de una norma fundamental, como lo es el Estatuto Universitario, es decir, un cuerpo normativo que se aplica en forma obligatoria a toda la comunidad universitaria.

En ese sentido, concluyó la Sala, que la regulación de la bonificación por antigüedad del personal académico universitario en el Estatuto Universitario responde al precepto constitucional que faculta a la Universidad de Panamá para que norme en relativo a la administración de su personal.

En consecuencia, en fallo de la Sala Tercera ordenó el levantamiento de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la misma.

 

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