EDITORIAL : Silencio oficial y complicidades en un escándalo

Disponer la demolición de edificios para salvaguardar la vida de sus residentes, pasa. Es una medida que busca evitar una tragedia y por lo tanto merecedora de aplauso.

Pero ahí no termina la historia, más bien comienza. ¿Cómo pudo darse la construcción aludida sobre un terreno afectado por corrientes pluviales? Alguien sostiene, en la larguísima cadena de competencias en el caso, que se limitó a ver estampados “los sellos necesarios” para cursar el asunto a la siguiente instancia.

Y así sucesivamente hasta ver la culpa diluida en el delta de la tramitología criolla. Al desahuciar los edificios, ¿alguien pensó en las ochenta familias que los habitan; en los sacrificios hechos para adquirir sus residencias; a dónde tendrán que ir a parar ahora?

Y lo que es más serio, muchos mantienen por este concepto gravosas hipotecas que no conceden tregua, así sea por las razones más dramáticas del mundo. Pero hay que volver al origen del problema.

Si en el país la construcción de cualquier obra es una odisea de permisos, lo es mucho más la ocupación de los inmuebles por la maraña de condiciones para hacerla posible. Es un escandaloso secreto a voces que todo, al final, se mueve con favores debajo de la mesa.

Lo que menos importa es si todo quedó bien hecho. Que esta vez se haya parado la desgracia de un derrumbe, aplauso. ¿Y el drama de los afectados – los inquilinos - quién lo soluciona?.