Un temor justificado

ML 20170613 2 17ph01

Las reacciones han sido espontáneas y contagiosas.

La mayoría de los panameños creen que la Ley de Descentralización y el Decreto 130, que la reglamenta, le dan poder a la Dirección General de Ingresos (DGI), a la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) y a los municipios, en particular al de José Blandón en la capital, a cobrar, tarde o temprano, más dinero, por el valor de las propiedades.

Si no hay esa intención, lo prudente es derogar el Decreto 130 y comenzar de cero, para evitar que la angustia se convierta en cólera.

 

Imprimir Correo electrónico

Más en opinión