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Ombudsman descalifica, intimida, persigue y humilla a la defensora adjunta


En una carta enviada el pasado 21 de julio al defensor del pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, Elsa Fernández, defensora adjunta, reveló que no tiene funciones y que en la entidad hay una deshumanización en el actuar de algunos funcionarios de la institución y que ella no será parte de esas acciones.

Fernández, exdiputada suplente del circuito 8-7, le puso la cereza al pastel a una serie de quejas dentro de la entidad, que van desde supuestos acosos sexuales, laborales y despidos injustificados, al denunciar que es objeto de “discriminación, descalificación, intimidación, persecución y humillación” por parte de Castillero Hoyos.

Los señalamientos están contenidos en la mencionada carta, de 20 párrafos, y que lleva su firma, en la que acusa al defensor de “abuso de poder” y de afectar su “tranquilidad, autoestima, salud, integridad, libertad, seguridad y de impedir su desarrollo y atentar contra la equidad”.

Según la funcionaria, Castillero Hoyos no sólo ha causado daño a sus colaboradoras “al validar” estas irregularidades, sino también a sus familiares “que presentan un deterioro, alteración y trastorno en las esferas efectivas, intelectivas, volitivas y limita su capacidad de pacientes con enfermedades crónicas, embarazadas y con hijos con discapacidades que cuentan con leyes que se están vulnerando”.

Fernández señaló que los primeros tres meses al frente de la entidad han transcurrido como “los más decepcionantes de mi vida al ver y vivir la vulneración de los derechos humanos que aún existe en nuestro país, pero lo más cuestionable es que esto suceda en la casa de los derechos humanos”. La funcionaria aseguró que lo que se vive en esta institución por parte de usted [Casillero Hoyos] y su equipo de trabajo “son una serie de vejaciones que se apartan de su mandato”.

A lo que recalcó que “no voy a ser participe, ni cómplice con mi silencio”. También solicitó que “el hostigamiento que usted tiene hacia mi persona pido que cese”.
Metro Libre intentó contactar a Fernández, vía telefónica y por whatsapp, pero no respondió.

El pasado 3 de octubre, este diario publicó que Hermes Ortega, exsecretario general del Ministerio de Desarrollo Social, fue nombrado en la Defensoría como abogado interino, pese a que en 2015 presentó una propuesta de ley, en que pretendía suspender el descuento a los pagos obligatorios de la pensión alimenticia durante los meses de enero y febrero (vacaciones) para estudiantes de escuelas particulares.

Ernesto Cedeño
Abogado constitucionalista
Este defensor no reúne las características que la población necesita, parece que está sordo, ciego y mudo. La verdad, el puesto le quedó grande, no está a la altura de las circunstancias. Es lamentable que no tenga lo que el pueblo esperaba.

Luis Chen González
Abogado
Es un caso grave, por los delicados problemas que se aluden en la institución. Mi opinión es que si el funcionario señalado [Alfredo Castillero Hoyos] no acepta esa vía de solución del conflicto, habría que recurrir a la entidad que lo nombró.

Juan Jované
Economista
Yo pienso que si existe esa situación, es bueno aclarar las cosas y el defensor del pueblo debe ir a la Asamblea Nacional de Diputados a explicar lo que está pasando. Le recomiendo a él que se apoye en su adjunta y busque evitar estas disputas.

Manuel Cohen
Diputado de CD
Se ha estado escuchando y viendo una serie de señalamientos contra Alfredo Castillero Hoyos. Las bancadas de los partidos estamos analizando citarlo al pleno de la Asamblea, para que explique lo que está pasando en esa entidad.

Zulay Rodríguez
Diputada del PRD
Nosotros como diputada de la nación y parte del PRD debemos apoyar a la defensora adjunta. De ser cierta la denuncia que está haciendo la funcionaria y creo que lo es, ya es hora que la Asamblea le haga un cuestionario al defensor.

Crescencia Prado
Diputada del PRD
Es lamentable que una persona que está llamada a defender los derechos tenga este comportamiento. A mi criterio merece una investigación e incluso una sanción que podría terminar en su destitución y de la de otros funcionarios.

 

L. Garcés | R. Álvarez
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