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Desempeñar una labor voluntaria al servicio de la comunidad es una realidad en Panamá. Existe un grupo de panameños, mil 247 para ser exactos, de los cuales el 56% son mujeres, que se han convertido en auxiliares de la justicia, a ellos se les conoce como facilitadores judiciales.

El rol de un facilitador judicial se centra en ser un líder con vocación de servicio, es seleccionado por su comunidad y supervisado por el juez municipal. Su labor representa el desinterés por servir y la voluntad de superarse.

En Latinoamérica se han unido ocho países (Argentina, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay) para implementar el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, una alianza pactada entre representantes de las Cortes Supremas de Justicia y la Organización de los Estados Americanos que tiene como objetivo el acceso a la justicia de las personas en estado de vulnerabilidad.

El inicio de este programa se remonta al 2008. En aquel momento se firmó un convenio de colaboración entre el Órgano Judicial y la Organización de los Estados Americanos, que tenía como norte crear el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios, para superar barreras administrativas y legales que han obstaculizado el efectivo acceso a la justicia para ciudadanos en condición de vulnerabilidad.

Ocho años después el programa tiene presencia a nivel nacional y tiene historias inspiradoras. En los primeros ocho meses de este año 2016, los facilitadores judiciales han atendido 15,228 orientaciones, 8,681 acompañamientos, 2,685 mediaciones y han remitido 6,466 casos a las autoridades. Estadísticas dignas de admirar si resaltamos que es una labor voluntaria realizada por panameños que ofrecen información valiosa y un acompañamiento, que se traduce en ahorro de tiempo, recursos y energía.

Para Imelda Amador, gerente de País del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la OEA, el rol de los facilitadores judiciales activa la participación ciudadana en la resolución de sus propios conflictos, aporta a la prevención para la seguridad y facilita el acceso a la justicia a miles de personas de escasos recursos. Numerosas son las personas satisfechas por la labor realizada por el facilitador judicial de su comunidad.

*La autora es periodista.