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La necesidad de ajustes tarifarios en el IDAAN

 

El IDAAN, y más específicamente la prestación de los servicios de agua y alcantarillado en Panamá, no se hace viable con asignarle más recursos presupuestales como lo viene haciendo el gobierno desde hace varios años, con el loable objetivo de “proteger a los más pobres”.

Entregarle al servicio (por medio del IDAAN) más recursos provenientes del presupuesto, empeora la situación, pues aleja cada vez más a los usuarios de la señal de precios, fundamental para racionalizar el uso del servicio, un paso primordial para garantizar la sostenibilidad y viabilidad a largo plazo.

No entregar la señal de costo del servicio a los usuarios de agua en Panamá, conllevará necesariamente a requerir cada vez más ampliaciones para atender, no solo el crecimiento poblacional, sino el incremento individual del consumo promedio -el cual ya es en Panamá el más alto del continente, aun sin considerar las pérdidas-, es decir una necesidad creciente de recursos presupuestales.

No es cierta la creencia popular que al financiar al IDAAN con el presupuesto público los recursos provienen de “los más ricos”, porque todos los panameños de una u otra forma, al consumir cualquier bien, pagan impuestos. Además, más recursos al IDAAN significan menos recursos a otros sectores sociales como salud y educación, lo cual afecta primordial o exclusivamente a los panameños más pobres (que son los que requieren esos servicios del Estado), a los que la medida de no afectar las tarifas busca proteger.

Entregar a los usuarios la debida señal de precios no significa olvidar la responsabilidad social del Estado y desamparar a los más pobres. El programa de subsidios denominado “casos sociales” donde las familias que califican pagan una porción mínima de su factura (lo que llega a ser menos de B./1,25/mes) no solo hay que mantenerlo sino incluso ampliarlo, definiendo más familias como potencialmente beneficiarias, con niveles diferenciales de beneficio, según la situación de las familias.

Es necesario empezar a caminar el camino cuando antes, y la medida más inmediata debería ser reducir el consumo mínimo, según el cual todos los usuarios pagan 8,000 galones / mes así consuman 4 mil, 3 mil o cero. Debe definirse un cargo fijo sin derecho a consumo y cobrar a todos los usuarios por cada mil galones (o por cada m3) consumidos.

Diego Fernández
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*Experto internacional en agua y saneamiento

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