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El populismo punitivo

De manera reciente y al compás del aumento de la criminalidad en nuestros países latinoamericanos, y de manera diversificada, han surgido tendencias políticas y legislativas para lograr el aumento y la dureza de las penas. Esto naturalmente va de la mano con la acción mediática que vierte a la luz pública todos los sucesos de violencia y hechos criminales, muchos en la actualidad, aberrantes. En general, ha perdido vigencia el modelo basado en la resocialización dando paso al populismo punitivo cuyo fin es el de incapacitar a los delincuentes.

El autor Bottoms (1995), señala que los gobernantes utilizan el populismo punitivo, el cual integra medidas como el endurecimiento de las penas para la reducción del delito y que estas penas refuerzan el consenso moral de la población. Se acciona políticamente en función de la toma de decisiones que definitivamente son del agrado de la población También puntualiza el autor que este sistema produce beneficios o ganancias electorales. El populismo punitivo en su ejercicio, hace creer que el endurecimiento de las penas es la solución correcta para confrontar la violencia y la criminalidad.

En Panamá en varios períodos, se han tratado de endurecer las penas y en cierta medida algunas han sido incrementadas. En nuestros centros penitenciarios se realizan programas de rehabilitación y reinserción de los internos que frecuentemente deben ser evaluados. Hay que mejorar las condiciones socio-económicas de las llamadas zonas de riesgo social mediante políticas, estrategias y programas integrales enfocados en núcleos familiares y comunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. Sin embargo, en el país con el sistema penal acusatorio se han introducido medidas alternas para la resolución de conflictos diferentes a la vía judicial. Entre ellas tenemos la mediación penal, acuerdos, conciliación, desistimiento, y la suspensión condicional.

Este sistema descarga un poco el sistema penitenciario al permitir optar por otras soluciones en la que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo definitivo. Creemos en la evaluación de los programas de rehabilitación y reintegración, pero con un presupuesto adecuado que permita su realización correcta con el personal profesional idóneo y con los equipos especializados necesarios.

*Criminólogo.

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