Desviación de poder en el Decreto Ejecutivo 302

 

Los funcionarios no deben emitir actos administrativos, únicamente para beneficiar o para perjudicar a alguien en especial. Si lo hacen cometen desviación de poder.

Por supuesto que habrá decisiones que incumban sólo a algunas personas, pero estas se emiten para RESOLVER un derecho subjetivo rogado.

La filosofía del derecho público reza que los servidores públicos deben tomar decisiones en beneficio del interés general y no particular.

El Decreto Ejecutivo No. 302, pretende ayudar, en algún sentido, al personal juramentado de la Policía Nacional que haya sido designado por el Órgano Ejecutivo en los cargos de ministro, viceministro, director general, subdirector general, secretario ejecutivo y/o subsecretario ejecutivo que presten sus servicios en otras dependencias del Estado y, a mi juicio, este no debió emitirse, de acuerdo con el criterio expuesto de la desviación de poder.

El tratadista Gustavo Penagos, en su obra ‘El Acto Administrativo’, también desarrolla de manera prolija la figura de la desviación de poder:
. . .“Tiene lugar cuando el funcionario o entidad administrativa profiera el acto, el cual aparece inobjetable en apariencia, pues no contiene una violación de la ley, reúne las formalidades propias, ha sido dictado de acuerdo con la competencia legal, pero en esencia fue expedido no con la finalidad del buen servicio público, sino para satisfacer intereses particulares”.

Jurisprudencia. Sentencia de 15 de noviembre de 1994, bajo la ponencia de la magistrada Mirtza Franceschi de Aguilera:
“La desviación de poder se da cuando la administración usa sus poderes para un fin diferente de aquel en virtud del cual le fueron conferidos. Significa esto que la facultad discrecional con que pueden obrar los órganos de poder en ejercicio de sus atribuciones no es jamás ilimitada, y debe ser siempre motivada por razones de buen servicio, y no por móviles de afecto o desafecto personal, de malevolencia o de favoritismo, en contra o en beneficio de alguien. (PENAGOS, obra citada, p. 922)”.

La Ley 38 de 2000 reza en su artículo 53, que es anulable todo acto que incurra en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

Ernesto Cedeño Alvarado
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*El autor es doctor en derecho.

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