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Mientras que las autoridades que administran justicia defienden y califican positivamente los primeros 80 días del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en el Primer Distrito Judicial del país, abogados consultados por Metro Libre reiteran las quejas sobre éste.

Para ellos han surgido improvisaciones, irrespetos a las nuevas normas, mala distribución del trabajo, entre otras acciones que afectan la efectividad de este nuevo modelo de judicialización del delito.

Para el letrado Ángel Alvarez, “hay muchas cosas que mejorar. Los funcionarios judiciales hacen muchas improvisaciones en varios temas, los fiscales se resisten a respetar las nuevas reglas, los jueces no manejan los tiempos en las audiencias”.

De igual forma, Álvarez señaló que las fiscalías de descargas quienes manejan los casos antiguos sistema inquisitivo mixto trabajan en espacios inadecuados y la reasignación de los expedientes ha sido lenta y confusa además que se ha recargado de mucho trabajo estas fiscalías”.

Mientras que, el abogado Orlando Castillo dijo que “el SPA ha sido un avance solo en cuanto al tiempo de juzgamiento del imputado es lo único bueno. Al tiempo que afirmó que “a los abogados particulares, los jueces los tienen bloqueados y el 90% de las causas obligan a los imputados a optar por defensores de oficio, atentando contra el libre ejercicio de la profesión”. Castillo también dijo que los fiscales ejercen un chantaje presionando a los imputados con los acuerdos de pena.

¿Qué es el Sistema Penal Acusatorio?
El Sistema Penal Acusatorio (SPA) busca responder en un corto tiempo a los procesos delictivos, contrario al actual sistema inquisitivo.

El SPA ya se aplicó en los otros tres distritos judiciales: en Coclé y Veraguas estaba vigente desde 2011, en Herrera y Los Santos desde 2012 y en Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé desde 2015. El pasado 2 de septiembre empezó a regir en el la zona más grande y poblada del país, Panamá, Colón, Darién y la comarca Guna Yala (Primer Distrito Judicial).

Esta nueva forma de juzgar también busca mejor la impunidad y reducir el hacinamiento en las cárceles donde permanecen cerca de 15,000 presos.

Reinelda C. Álvarez
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