Puigdemont y sus exconsejeros rechazan en Bélgica las euroórdenes españolas

El expresidente del Gobierno regional catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bruselas se entregaron hoy a la Justicia belga en calidad de detenidos y rechazaron su traslado ante las autoridades españolas que los reclaman por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.

 

Puigdemont y los exconsejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura), se entregaron a la Policía federal en Bruselas a las 09.17 horas (08.17 GMT) del domingo, explicó en comparecencia de prensa el portavoz de la Fiscalía de Bruselas y magistrado, Guilles Dejemeppe.

La entrega fue "convenida" con los magistrados de los cinco políticos catalanes, que respetaron el compromiso y se entregaron a las autoridades belgas en presencia de sus abogados, precisó. Se produjo en una comisaría de Policía del centro de Bruselas, evitando la presencia de medios de comunicación en el momento en el que pasaban a estar formalmente bajo arresto.

Poco después fueron trasladados a la sede de la Fiscalía de Bruselas, donde permanecen en "privación de libertad", es decir "sin libertad de movimientos" y obligados a permanecer en el edifico, si bien no están en un calabozo, precisó el portavoz del Ministerio Público. El medio centenar de profesionales de los medios de comunicación que aguardaban a Puigdemont y sus exconsejeros regionales en el inmueble no los vieron entrar, ya que lo hicieron en coche y a través de la puerta con acceso subterráneo al edificio.

La Fiscalía belga deberá ahora designar a un juez de instrucción, probablemente a lo largo del domingo, según las mismas fuentes, que les tomará declaración por separado a cada uno de ellos y siempre antes de las 09.17 horas de mañana. En cada una de esas vistas estarán presentes los afectados, sus abogados, el juez de instrucción y un intérprete, pues han elegido que la comparecencia sea en neerlandés, agregó Dejemeppe, quien precisó que lo más probable es que las audiencias concluyan en la tarde noche de hoy.

El que fuera 130 presidente del Gobierno de la comunidad autónoma española de Cataluña está representado legalmente en Bélgica por el letrado flamenco experto en extradiciones Paul Bekaert. A continuación, el magistrado deberá en cada caso decir si acepta ejecutar la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).

En el supuesto de que no la rechace, el juez de instrucción tendrá que decidir si ordena su liberación con condiciones o si les impone prisión preventiva. "El juez deberá decidir en 24 horas, es decir, antes de las 09.17 horas de mañana", dijo el portavoz de la Fiscalía, quien precisó que, si el juez de instrucción "considera que no debe liberarlos, serán conducidos a prisión".

El proceso judicial continuará en la Cámara del Consejo de Bruselas, tribunal de instrucción y primera instancia judicial, que dispondrá de un plazo de 15 días para pronunciarse sobre el recurso de los interesados.

La tramitación en Bélgica de las euroórdenes debería, teóricamente, prolongarse un máximo de 60 días, y 30 más en circunstancias excepcionales, recordó el portavoz del Ministerio Público en una rueda de prensa en francés, inglés y neerlandés. No obstante, el portavoz de la Fiscalía matizó que, en caso de que no se ordene su ingreso en prisión, el plazo podría incluso alargarse más de los citados 90 días.

Es decir, que en ese caso Puigdemont no sería entregado a España antes del 21 de diciembre, cuando hay convocadas unas elecciones autonómicas en Cataluña a las que pretende concurrir y para las que su partido, el PDeCAT (centroderecha independentista), le ha propuesto como cabeza de lista.

El expresidente autonómico se manifestó públicamente por última vez anoche, a través de la red social Twitter y en neerlandés, con un mensaje en el que se decía "plenamente" dispuesto a colaborar con la Justicia belga.

El entorno del político independentista en Bruselas precisó hoy a los medios de comunicación que su interpretación de la situación jurídica de Puigdemont es que no está detenido, sino "a disposición" de las autoridades belgas, actitud que "se enmarca en su voluntad de no sustraerse a la acción de la Justicia, sino simplemente defenderse en un procedimiento justo e imparcial".

 

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