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Política

AFP | Estados Unidos eliminó en Panamá proyectiles de la Segunda Guerra Mundial con gases nerviosos que formaban parte del arsenal en sus bases militares de la antigua Zona del Canal, en una operación avalada por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ). La cancillería de Panamá y la embajada de Estados Unidos en ese país informaron ayer en un comunicado conjunto que la operación "permitió la destrucción de las ocho antiguas municiones químicas" ubicadas en Isla San José, en el Pacífico panameño.

 

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La audiencia contra la exministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) y otros exfuncionarios de la entidad, programada para este 4 de octubre, fue suspendida debido a que la defensa legal de una de las exfuncionarias solicitó la  posposición del acto programado, para que se tramiten sus apelaciones, luego de ser admitido un recurso de hecho.

 

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A solicitud de los abogados Carlos Carrillo, defensa de  la exdirectora de Ampyme, Giselle Burillo; y Luis Vásquez, representante de Carlos Aguilar, investigados por la supuesta comisión del delito contra la administración pública (peculado), el Juzgado Undécimo Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá, no realizó la audiencia programada para hoy miércoles 4 de octubre a las 8:00  de la mañana.

 

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Por mayoría y bajo la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise Riquelme, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó de plano la querella penal presentada por el ex diputado Yassir Purcait, a través de la firma forense Vega & Álvarez, en contra del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por la presunta comisión del delito contra el honor, y ordenó el archivo del expediente.

 

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ML | El magistrado Harry Díaz, juez de garantías en el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por supuestamente extorsionar a la empresa italiana Impregilo, solicitó ayer que José Ayú Prado, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, y al magistrado Luis Ramón Fábrega, que se separen de dicho proceso. De acuerdo a Díaz sus colegas fueron denunciados ante la Asamblea Nacional de Diputados por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de deberes.

 

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Más de 200 quejas y denuncias se han dado contra unidades de la Policía Nacional, mientras que 50 uniformados han sido dado de baja en lo que va del año 2017. La mayoría de los casos que se presentan por faltas administrativas, abuso de autoridad y desatender órdenes de sus superiores. Sin embargo, el jefe de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional, el comisionado Julio Lasso, manifestó que los casos que se llevan a la junta disciplinaria se evalúan con mucho cuidado. De los 200 casos que han sido recibidos un total de 186 ameritaron sanciones internas por faltas administrativas.

 

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La Oficina Judicial del Pleno de la Corte Suprema de Justicia fijó para el próximo 13 de octubre, a las 9 de la mañana, la audiencia de formulación de imputación,  la cual fue solicitada nuevamente por el magistrado fiscal Abel Augusto Zamorano, dentro de la investigación que se sigue en virtud de la compulsa de copias efectuadas por la Procuraduría General de la Nación, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, y en donde está señalado un diputado del Parlamento Centroamericano.

 

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