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Se reabre viejo debate sobre las restricciones a accesos de playas

En un país con más de dos mil km de costas, entre el Pacífico y el Atlántico, es común encontrar retenes ilegales en los cuales se cobra el ingreso y hasta se restringe la entrada a los bañistas a playas que bajo mandato constitutivo son de uso público.

A lo largo de la provincia de Panamá Oeste existe una proliferación de estas prácticas, según reveló su gobernador Temístocles Herrera, quien también afirmó que ha enviado en dos ocasiones al presidente Juan Carlos Varela y al Ministerio de Gobierno pruebas de lugares en donde se pide dinero a nacionales y extranjeros para el ingreso.

Aunque el municipio puede realizar cobros para acceder a las áreas costeras, balnearios y ríos, para Herrera “esta práctica” se debe “eliminar totalmente”.

Según el gobernador del Panamá Oeste se ha sugerido en reiteradas ocasiones utilizar el dinero de la descentralización para evitar que sean las juntas comunales y los representantes de corregimientos los que realicen el cobro que “supuestamente va destinado al mantenimiento del lugar”.

Por su parte, Ralph Evans, dueño de un hostal en Gorgona, enfatizó que “en el monopolio de las playas y costas los grandes proyectos como los resorts no tienen tanta fiscalización gubernamental en comparación a la intervención prestada a los negocios más pequeños”.

Titulación de tierras
Para la vicealcaldesa de Panamá y activista ambiental, Raisa Banfield, el problema “se fortaleció en el año 2008, bajo el gobierno del expresidente Martin Torrijos, cuando se otorgaron títulos posesorios a campesinos que ocupaban zonas costeras”.

Con los títulos posesorios se les otorgó el derecho a aprovechar las tierras pasa su subsistencia y “no para comercializar o industrializar”, indicó la vicealcaldesa, sin embargo el concepto se deformó y “los inversionistas al ver el potencial de desarrollo les ofrecieron grandes sumas de dinero por sus tierras y estos accedieron”. “La intención fue buena, pero el proceso no fue bien planificado”, agregó Banfield.

“El estado, desde los gobiernos locales hasta el poder ejecutivo se debe alinear hacia una política nacional para que vuelva a los principios fundamentales de la constitución, porque esta malformación hace que se pierda el derecho de todos”, finalizó.

 

Continúa la polémica por la venta de terrenos en el área protegida de La Barqueta, en la provincia de Chiriquí

ML | Constantino Aparicio, residente de La Barqueta, en Chiriquí, denunció que familias y negocios están siendo desplazados de las áreas protegidas.
Según Aparicio una familia se ha adjudicado 21 km de playa con títulos de propiedad, sin embargo a quienes llevan más de 60 años de residir en el área protegida y refugio de vida silvestre se lo han negado y además los están desalojando.

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Gina Arias Rivera
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