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Niegan incidente de controversia en caso autopista Arraiján-La Chorrera

El Juez Décimo Quinto de Circuito Penal de Panamá, Leslie Alberto Loaiza, negó  ayer, por improcedente, un incidente de controversia presentado por el abogado José Felix Martín Rodríguez, en contra de la orden de detención provisional decretada por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, contra  David Miguel Ochy, implicado  por un supuesto delito contra la administración pública, en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el caso   de  la Autopista Arraiján-La Chorrera. 

 El sustento del juez se basa en que la  herramienta procesal utilizada   por el abogado Martín Rodríguez  no es la correcta  por lo que  es  improcedente.  Ochy quien figura como propietario de Transcaribe Trading (TCT), empresa encargada de realizar el proyecto de diseño y construcción para la rehabilitación y ensanche de la Autopista Arraiján-La Chorrera, está detenido desde el pasado 23 de junio.  

Según la fiscalía,   en este proyecto  se dieron irregularidades por  supuesto sobrecosto. La obra, que se inició en la administración del presidente Ricardo Martinelli  tenía un costo  inicial de $152.6 millones.

Sin embargo, hubo adendas posteriores, por lo que el monto aumentó y terminó costando $159.9 millones.En esta investigación, también se vinculan a los dos exministros de Obras Públicas, Jaime Ford y Federico Suárez quienes recibieron una fianza de excarcelación   por un monto de $500 mil.  

De igual forma el Contralor Federico Humbert aseguró que existen deficiencias y defectos en la rodadura de la carpeta asfáltica de las vías de la autopista. Además, recalcó que  quedaron trabajos sin concluir.  Mientras que, Ramón Arosemena  actual ministro del Obras Públicas dijo que la auditoría  reveló un sobrecosto en el proyecto, de $60 millones.  

En tanto, en  este proyecto también se menciona en otra investigación a cargo de la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada, llamada “Caso New Business”, en el cual la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, sospecha que  un adelanto millonario que otorgó el Goberno  de Martinelli  para la obra,  se  utilizó para la compra de la Editora Panamá América S.A. (EPASA).

 

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