Pueblos indígenas exigen respuesta en la titulación de tierras colectivas

Los dirigentes y autoridades de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip), conformada por siete pueblos originarios y doce estructuras, informaron que tras la falta de pronunciamiento del Ministerio de Ambiente, el pasado 16 de octubre se retiraron de la mesa de negociaciones para la resolución del conflicto que genera la titulación de tierras colectivas en áreas protegidas.

 

Marcelo Guerra, presidente de Coonapip, manifestó que “es evidente que no existe disposición de la institución ambiental de proporcionar una respuesta positiva o negativa y que por ello el proceso se mantiene estancado”.

Según Guerra, “los pueblos originarios no descartan demandar legalmente al Estado ante los Tribunales Nacionales e Internacionales si se sigue dilatando el caso”.
Elibardo Membache, cacique de Tierras Colectivas en la provincia de Darién, reveló que el ministro Emilio Sempris les indicó que “la propuesta de titulación se debe elevar a una consulta al presidente Juan Carlos Varela para que este firme la resolución”, y que mientras no exista respuesta por parte del Ejecutivo ellos tampoco asistirán a la mesa.

Félix Wing, secretario general del Ministerio de Ambiente, afirmó que “los indígenas tienen derechos a la propiedad colectiva según el Artículo 127 de la Constitución de la República” y añadió que el ministerio ha estado en un periodo de diálogo para “garantizar que se proteja el derecho a la propiedad colectiva indígena y al mismo tiempo el derecho de las áreas protegidas a seguir existiendo”, no obstante, no concretan una resolución.

Fallo Internacional

En 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a favor de los indígenas en la región del Alto de Bayano, en donde se le ordenó al Estado demarcar las tierras que corresponden a las comunidades de Ipetí y Piriatí Emberá, sin embargo, este caso no es aplicable a todas las áreas en conflicto, recordó Wing, pero sí “marca un estándar internacional para reconocerle a las comunidades que existían con anterioridad a la designación de áreas protegidas su derecho a la propiedad colectiva”.

Antecedente
El conflicto se remonta a la década de los 70 y desde entonces los indígenas piden el visto bueno de MiAmbiente para los expedientes que contienen las solicitudes de titulación, tal como lo establece la Ley 72 del 23 de diciembre de 2008, que establece el procedimiento especial para la adjudicación de tierras de los pueblos indígenas que no están dentro las comarcas.

Gina Arias Rivera
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Instagram: @riverarias92
Twitter: @riverarias92

 

Pin It

Imprimir Correo electrónico

Notas relacionadas