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Inverosímil el argumento de asegurar la defensa de los derechos de la mujer por la vía de poner en riesgo la libertad de expresión, que es en lo vendría a parar una norma impulsada por el Ministerio de Gobierno para supuestamente luchar contra la violencia de género.

El feminicidio y todas las demás formas delictivas atentatorias contra la integridad física y la dignidad de la mujer, exigen de la sociedad y del Estado políticas enérgicas que además de garantizar protección preventiva para mujeres amenazadas o en riesgo, contemplen las sanciones más drásticas para impedir la impunidad. Debe cuidar el gobierno no enrarecer el clima para el desempeño de libertad de expresión con experimentos por completo ajenos a la naturaleza del problema.