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El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Gaurdia, advirtió que el proyecto de ley 92, que fue aprobado por la Asamblea Nacional y que ordena el pago de la segunda partida del XIII mes retenida de 1972 a 1983 a los servidores públicos y trabajadores del sector privado, que laboraron durante este periodo, tiene graves visos de inconstitucionalidad.

Según el ministro, las retenciones aplicadas al XIII mes durante el referido tiempo se hicieron conforme a la Ley 17 del 22 de agosto de 1983 que estableció que el dinero acumulado en concepto de esa segunda partida se destinaría al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, de modo que esas retenciones “no constituyen una deuda pendiente del Estado”.

Añadió que el artículo 163 de la Constitución Política establece que a la Asamblea tiene prohibido “ordenar o autorizar otras partidas y programas no previstos en el Presupuesto General del Estado, salvo en casos de emergencia así declarados expresamente por el Órgano Ejecutivo”, punto ignorado, según De La Guardia, por este poder del Estado.

Aseguró además que este pago genera una carga inviable al presupuesto 2017, ya que representa más de $200 millones que no tienen fuente de financiamiento disponible.

Reacciones
Para Héctor Ávila, dirigente de los jubilados, lo que expresó el ministro es erróneo, ya que hay constitucionalistas conocedores del proyecto que aseguran que no hay inicios de inconstitucional.

“Lo que sucede es que no quieren soltar el dinero”, agregó. Ávila expresó que teme que el proyecto sea bajado a tercer debate y, por ello, expresó que este jueves 17 de noviembre realizarán una marcha masiva hacia la Corte Suprema de Justicia. “Se luchará hasta el final, y mantendremos en pie recurrir a estancias internacionales”, agregó.

Yessica González
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